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Los abogados de Cristina Fernández de Kirchner brindarán este martes una conferencia de prensa para informar sobre novedades vinculadas con el reclamo presentado ante el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) por la situación judicial de la expresidenta.
La presentación fue realizada a finales de julio por los abogados Alberto Beraldi, Rafael Valim y Javier Borrego, quienes plantearon ante el organismo internacional una serie de cuestionamientos al proceso judicial que derivó en la condena de Kirchner en la causa Vialidad, su inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y su actual condición de prisión domiciliaria.
La conferencia está prevista para las 15 horas en un hotel del Microcentro porteño. Según informaron los abogados, durante el encuentro brindarán información considerada relevante sobre la comunicación individual presentada ante el organismo de Naciones Unidas.
En el documento, la defensa sostuvo que durante el proceso judicial se produjeron ocho presuntas violaciones al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Entre los artículos citados se encuentran los vinculados con el derecho a ser elegido, las garantías de un juicio justo, la presunción de inocencia, el derecho a una revisión judicial y la existencia de recursos efectivos.
Uno de los principales planteos está relacionado con la inhabilitación electoral perpetua. La defensa considera que la condena tuvo como consecuencia impedir una eventual candidatura de Cristina Kirchner en futuras elecciones y sostiene que esa restricción afecta sus derechos políticos.
Los abogados también cuestionaron distintos aspectos del proceso judicial. Entre otros puntos, plantearon objeciones vinculadas con la competencia e imparcialidad de los tribunales, la incorporación de pruebas provenientes de otros expedientes y la revisión de la sentencia por instancias superiores.
Otro de los argumentos presentados ante la ONU se relaciona con el principio conocido como ne bis in idem, que impide juzgar o condenar a una persona dos veces por los mismos hechos. La defensa sostiene que parte de las obras públicas analizadas en la causa Vialidad ya habían sido objeto de investigaciones anteriores.
La presentación también cuestionó la composición actual de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y sostuvo que su integración reducida afectaría, según la interpretación de los abogados, el derecho a contar con un recurso judicial efectivo e independiente.
Además de los planteos vinculados con la condena y la inhabilitación electoral, la defensa solicitó medidas relacionadas con las condiciones de prisión domiciliaria de la expresidenta.
Entre los pedidos formulados ante el organismo internacional se encuentran el retiro de la tobillera electrónica, modificaciones en las restricciones para recibir visitas y la posibilidad de acceder al aire libre. También solicitaron que se garantice un tratamiento equivalente al de otras personas que cumplen prisión domiciliaria y cuestionaron determinadas condiciones que consideran discriminatorias o degradantes.
La defensa pidió asimismo que las autoridades argentinas no responsabilicen a la expresidenta por las manifestaciones realizadas por terceros frente a su domicilio.
Como parte de la presentación, los abogados solicitaron además, con carácter cautelar, la suspensión de la inhabilitación perpetua mientras se analiza el planteo. La petición ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU forma parte de la estrategia de la defensa en el plano internacional, luego de las decisiones adoptadas por la Justicia argentina.
Las afirmaciones incluidas en el documento corresponden a la posición de los abogados de Cristina Kirchner y constituyen los fundamentos de la presentación realizada ante Naciones Unidas. La eventual intervención o pronunciamiento del organismo internacional deberá producirse conforme a sus propios procedimientos.
El anuncio de este martes permitirá conocer qué novedades recibió la defensa y cuáles serán los próximos pasos que prevé adoptar en relación con el reclamo internacional, la inhabilitación electoral y las condiciones de prisión domiciliaria de la expresidenta.
