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El Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) dispuso nuevos embargos preventivos y medidas cautelares sobre bienes vinculados a la familia Kirchner, entre ellos el departamento donde la expresidenta Cristina Kirchner cumple prisión domiciliaria. La medida se enmarca en el proceso de ejecución patrimonial y busca garantizar el eventual decomiso de activos por $685.000 millones.
El inmueble donde actualmente reside Cristina Kirchner pertenece a Los Sauces S.A., una sociedad inmobiliaria vinculada a la familia Kirchner, y quedó alcanzado por las nuevas medidas dispuestas por los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso.
Según explicó el tribunal, los embargos tienen como objetivo garantizar la indisponibilidad jurídica de los bienes mientras continúa el proceso destinado a determinar el decomiso definitivo. La resolución no implica, por el momento, una subasta ni la realización inmediata de los inmuebles y tampoco modifica su titularidad registral.
La decisión abre, sin embargo, un interrogante respecto del domicilio donde Cristina Kirchner cumple su prisión domiciliaria, ya que eventualmente podría ser necesario evaluar otra alternativa habitacional si el inmueble quedara sujeto a una disposición que impida su utilización.
Las nuevas medidas forman parte de una segunda etapa de ejecución patrimonial. En una primera instancia, el TOF 2 había avanzado sobre 111 propiedades solicitadas por el fiscal Diego Luciani y posteriormente autorizadas para su decomiso.
De ese primer conjunto, el tribunal había dispuesto avanzar sobre 20 inmuebles vinculados a la familia Kirchner, 85 pertenecientes a Lázaro Báez y sus empresas y otros seis bienes correspondientes a los restantes condenados.
En febrero, la Cámara Federal de Casación Penal confirmó el criterio adoptado por el TOF 2 y ordenó avanzar con el decomiso. Tanto Cristina Kirchner como Lázaro Báez recurrieron esa decisión, por lo que la resolución definitiva sobre ese primer grupo de propiedades permanece pendiente ante la Corte Suprema de Justicia.
Mientras el máximo tribunal analiza esos planteos, el TOF 2 comenzó a trabajar sobre un segundo conjunto de activos, compuesto por 144 bienes entre inmuebles y vehículos, además de participaciones accionarias en diferentes sociedades.
Dentro de esta nueva etapa también fueron incluidos cinco millones de dólares pertenecientes a Florencia Kirchner, depositados en una caja de seguridad del Banco Galicia.
Los magistrados fundamentaron la extensión de las medidas sobre bienes de Máximo y Florencia Kirchner en las conclusiones de la sentencia condenatoria, que estableció que la maniobra vinculada con la obra pública generó beneficios económicos para Lázaro Báez y beneficios indirectos para la familia Kirchner.
De acuerdo con el tribunal, durante el período comprendido entre 2003 y 2015 existió una conexión económica y comercial entre las empresas de Báez y los negocios de la familia Kirchner.
En ese período, compañías vinculadas al empresario patagónico alquilaron, explotaron turísticamente y realizaron construcciones en hoteles y propiedades pertenecientes a los Kirchner, tanto de manera personal como mediante Los Sauces S.A. y Hotesur S.A.
Para el TOF 2, esa operatoria permitió que parte del dinero proveniente del delito circulara y quedara asentado en activos pertenecientes a esas sociedades.
La resolución también se apoyó en el artículo 23 del Código Penal, que contempla la posibilidad de alcanzar a personas jurídicas o sociedades que se hayan beneficiado con el producto o provecho de un delito, además de permitir avanzar sobre determinados bienes o participaciones que hayan sido cedidos o transmitidos gratuitamente a terceros.
Por el momento, el embargo no significa que el departamento vaya a ser subastado de manera inmediata, pero sí incorpora el inmueble al conjunto de activos alcanzados por las medidas cautelares adoptadas en el marco de la ejecución patrimonial.
