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A pocos días de que finalice el nuevo plazo otorgado por la Justicia, el ex jefe de Gabinete Manuel Adorni todavía no presentó las respuestas requeridas por el fiscal Gerardo Pollicita, quien busca esclarecer el origen y la evolución de su patrimonio durante el período en el que permaneció en la función pública.
Según informaron fuentes judiciales a Noticias Argentinas, Adorni tiene tiempo hasta el próximo martes para presentar el requerimiento solicitado por el fiscal, aunque existe la posibilidad de que solicite una nueva prórroga de otros 15 días.
Pollicita había formulado un total de 20 preguntas a partir de las dudas surgidas en la investigación por presunto enriquecimiento ilícito. Inicialmente, el fiscal había otorgado un plazo de dos semanas, que venció el pasado 25 de agosto.
El objetivo central es que Adorni justifique el incremento patrimonial registrado desde su ingreso a la función pública en diciembre de 2023 hasta su salida en junio de 2026. En la causa también se encuentra investigada su esposa, Bettina Angeletti.
De acuerdo con los datos incorporados al expediente, durante el período analizado los ingresos de dinero comprobados del matrimonio alcanzaron los $229,7 millones, mientras que los gastos llegaron a $272,8 millones, generando una diferencia de $43.068.549.
A esa diferencia se suman unos US$402.578,12 relacionados con inmuebles, refacciones y mobiliario que, para el fiscal, “no encuentran correlato en los ingresos lícitos comprobados”.
Uno de los primeros puntos que Pollicita busca esclarecer es el origen de los dólares estadounidenses en efectivo declarados en las Declaraciones Juradas correspondientes a los ejercicios investigados.
El fiscal también pidió explicaciones sobre los préstamos atribuidos a Silvia Pais y Norma Zuccolo. Adorni deberá acreditar la existencia de esas operaciones, su fecha cierta, la efectiva entrega de los fondos, el destino que tuvieron y la evolución de las obligaciones asumidas.
Otro de los interrogantes está relacionado con la compra de un automóvil Jeep. La Justicia busca conocer cuál fue la fuente de los fondos utilizados para concretar esa adquisición y determinar si la operación se encuentra correctamente reflejada en las declaraciones patrimoniales.
El requerimiento alcanza además al lote 380 del Country Indio Cuá. Pollicita pidió conocer el origen del dinero utilizado para comprar el terreno y, posteriormente, para financiar la remodelación integral de la vivienda.
En ese punto aparece específicamente un pago de US$245.000 al contratista Matías Tabar, cuyo origen también deberá ser explicado.
La investigación incluye asimismo los fondos utilizados para pagar los muebles del inmueble de Miró 550, cuyo precio habría sido abonado en dólares y en efectivo. El fiscal busca establecer de dónde provino ese dinero.
Respecto de la propiedad ubicada en Miró 550, Pollicita también solicitó que se explique el origen de los fondos utilizados para su adquisición, además de precisar la naturaleza y las condiciones de la operación inmobiliaria.
Otro de los puntos del requerimiento se refiere a los ingresos no alcanzados por el impuesto a las ganancias o exentos que fueron declarados por el ex funcionario. También deberá explicar el origen y respaldo de los bienes recibidos mediante herencia, legado o donación.
La Justicia puso bajo análisis además el dinero en efectivo utilizado para afrontar viajes al exterior, alquileres temporarios, expensas, cuotas y matrículas escolares. El fiscal busca determinar cuál fue la fuente de esos fondos y su compatibilidad con los ingresos declarados.
Pollicita también preguntó por la reiterada utilización de terceras personas para adquirir bienes y afrontar pagos. Adorni deberá explicar las razones y condiciones de esas operaciones y precisar cuál fue su participación en cada caso.
Otro capítulo de la investigación está relacionado con los criptoactivos. El fiscal pidió que detalle la operatoria realizada y, particularmente, que explique cuál fue el origen del capital con el que afirma haber iniciado sus operaciones.
También deberá explicar cómo se compatibiliza el nivel de gastos y movimientos financieros detectados en sus cuentas bancarias, tarjetas de crédito y billeteras virtuales con los ingresos lícitos acreditados del grupo familiar.
Entre los elementos analizados aparecen además 20 comprobantes informados ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero durante 2024 y 2025, por montos superiores a los $6 millones.
Sobre esas operaciones, la Justicia pidió determinar si efectivamente se concretaron, cuál es su estado de cancelación y, en caso de haber sido abonadas, conocer la fecha, el medio de pago utilizado y el origen de los fondos.
El fiscal también solicitó precisiones sobre eventuales cancelaciones de deudas con el Banco Galicia. En ese caso deberá informarse la fecha del pago, quién lo realizó, mediante qué mecanismo y cuál fue el origen del dinero empleado para cancelar las obligaciones.
Otro de los interrogantes está relacionado con los honorarios notariales facturados por la escribana Adriana Mónica Nechevenko por tres operaciones inmobiliarias realizadas por el matrimonio. La Justicia busca determinar la causa de esos pagos y el medio utilizado para abonarlos.
El requerimiento también pregunta por la utilización de dos tarjetas vinculadas a Adorni por parte de personas de su entorno como usuarios adicionales. Pollicita busca conocer la razón de esa modalidad y establecer el origen y naturaleza de los consumos realizados.
A su vez, el fiscal pidió que se aclare si una facturación superior a $4 millones emitida por una concesionaria automotor corresponde a la adquisición de un vehículo que no fue declarado patrimonialmente.
Entre las últimas cuestiones figura el pedido de explicaciones sobre el concepto y origen de las acreditaciones de carácter no salarial recibidas en la cuenta sueldo de Adorni en el Banco Nación.
Finalmente, Pollicita solicitó que se explique el criterio utilizado para determinar el valor de las mejoras realizadas en el inmueble de Miró 550, así como la forma en que fueron valuadas y el origen de los fondos utilizados para financiar las mejoras declaradas en el lote 380 del Country Indio Cuá.
De esta manera, las 20 preguntas apuntan a reconstruir el origen de los fondos utilizados por el matrimonio en operaciones inmobiliarias, adquisición de vehículos, refacciones, gastos cotidianos, viajes, inversiones y movimientos financieros.
La Justicia busca establecer si las operaciones y el nivel de gastos registrados pueden ser explicados mediante ingresos lícitos y debidamente acreditados o si persisten inconsistencias que requieran nuevas medidas dentro de la investigación.
Por el momento, Adorni todavía no presentó las respuestas. El nuevo plazo vence esta semana y, según las fuentes judiciales citadas por Noticias Argentinas, podría solicitar una nueva extensión de 15 días.
Si finalmente presenta las explicaciones y la documentación solicitada, será el fiscal Pollicita quien deberá evaluar si resultan suficientes para despejar las dudas planteadas. En caso contrario, la investigación podría avanzar hacia nuevas medidas y eventualmente derivar en una citación a declaración indagatoria.
La causa mantiene así bajo análisis el patrimonio del ex jefe de Gabinete y de su esposa, mientras la Justicia intenta determinar si el incremento patrimonial registrado durante el período investigado encuentra respaldo suficiente en los ingresos declarados y en las operaciones documentadas.
