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En comunicación con Radio Provincia, el secretario de Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales de Tierra del Fuego, Andrés Dachary, se refirió a la polémica generada por el ingreso de un buque petrolero que operaba bajo bandera de la Isla de Man, vinculada a la Corona británica. El funcionario cuestionó la autorización de su amarre en el puerto de Ushuaia, actualmente intervenido por el Gobierno nacional, y confirmó que la Provincia analiza posibles presentaciones y herramientas legales para determinar responsabilidades y evitar que una situación similar vuelva a repetirse.
En primer término, Andrés Dachary rechazó los argumentos que buscaban desligar al buque de una vinculación británica: “El buque sí está operando con bandera británica. Hay muchos países que apelan a la utilización de dos banderas dentro de su propia jurisdicción. La Isla de Man no pertenece al Reino Unido, pertenece directamente a la Corona británica, es peor todavía, es más directa la vinculación”, sostuvo.
El funcionario consideró que el episodio refleja el funcionamiento de la actual intervención del puerto: “Me parece que esta argumentación o justificación tiene que ver con el descontrol que está pasando en ese puerto producto de esta intervención”, afirmó y remarcó que resulta contradictorio que, bajo el argumento de preservar un recurso estratégico, se haya autorizado el amarre de un petrolero británico.
En ese sentido, vinculó el hecho con otros episodios que, según planteó, generan preocupación en materia de soberanía: “No podemos brindar logística a buques británicos, sobre todo petroleros, cuando estamos a menos de dos años de que comience lo que es el saqueo de petróleo de nuestras Islas Malvinas. Es una incongruencia total”, expresó.
Sobre la aplicación de la Ley Gaucho Rivero, Dachary explicó que la norma tiene un ámbito específico relacionado con la prestación de servicios a buques vinculados con la explotación de recursos naturales en la Cuenca de Malvinas.
Sin embargo, confirmó que el Gobierno provincial se encuentra revisando otras herramientas legales. “Estamos evaluando todas las normas, tanto nacionales como provinciales, que puedan ser aplicadas tanto para lo que son las autoridades del puerto como para las empresas que contrataron servicios de esta compañía”, indicó.
Además, confirmó que la Provincia analiza una posible presentación formal: “Es lo que estamos evaluando en este momento con todos los equipos jurídicos, tanto del área del Ministerio de Energía, del área de la Fiscalía de Malvinas y demás. Y, obviamente, en la medida de lo posible y de que haya un soporte jurídico que nos permita, avanzaríamos con las máximas herramientas posibles”, aseguró.
Dachary también cuestionó la falta de información sobre la operatoria del puerto desde que se produjo la intervención. Explicó que el Gobierno provincial tomó conocimiento de la situación a través del monitoreo de las aplicaciones que permiten identificar a los buques, su bandera, capitán, puerto de origen y destino. “Fue a partir de ahí que se hizo ese comunicado tan duro desde la Provincia denunciando esto y pidiendo las explicaciones pertinentes”, señaló.
Finalmente, advirtió sobre la gravedad política y simbólica del episodio: “Creo que nos tiene que poner a todos alertas porque evidentemente hay una predisposición a no tener límites con lo que es la entrega de la soberanía”, sostuvo. El funcionario confirmó que el buque permaneció amarrado únicamente durante el lunes y luego habría retomado rumbo hacia Cullen.
