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El Senado convirtió en ley el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una de las iniciativas impulsadas por el Gobierno de Javier Milei para agilizar los desalojos y limitar las expropiaciones. Sin embargo, el oficialismo tuvo que resignar dos capítulos clave del texto original para garantizar su aprobación: primero eliminó las modificaciones sobre extranjerización de tierras y luego retiró la reforma de la Ley de Manejo del Fuego.
La iniciativa fue aprobada en general por 37 votos a favor y 33 en contra, gracias al respaldo de La Libertad Avanza, la UCR, el PRO y legisladores provinciales de Misiones, Chubut, Neuquén, Corrientes y Provincias Unidas.
El oficialismo llegó a la votación con un proyecto recortado. En la jornada previa había eliminado el capítulo referido a la Ley de Tierras Rurales, mientras que durante el debate debió retirar las modificaciones a la Ley de Manejo del Fuego, ante la falta de apoyo de sectores dialoguistas.
La normativa finalmente sancionada busca acelerar los procesos de desalojo por ocupaciones ilegales, estableciendo un trámite sumarísimo para reducir los tiempos judiciales, además de limitar las expropiaciones, reforzando la protección del derecho de propiedad.
En cambio, el Gobierno no logró avanzar con los cambios al régimen de Manejo del Fuego, luego de que un grupo de senadores aliados anticipara su rechazo. La legislación vigente, aprobada en 2020, prohíbe modificar el uso de bosques nativos y humedales afectados por incendios durante 60 años, y de tierras agropecuarias por 30 años. El Ejecutivo pretendía flexibilizar esas restricciones al considerar que perjudican a los propietarios de los inmuebles incendiados.
Durante el tratamiento del proyecto, el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Agustín Coto, defendió la iniciativa al sostener que su objetivo es "simplificar y acelerar los procesos" para garantizar el derecho de propiedad y evitar que los propietarios sean perjudicados por la demora de la Justicia.
Desde la oposición, el jefe del bloque justicialista, José Mayans, calificó el proyecto como "inconstitucional" y cuestionó especialmente las modificaciones a la Ley de Expropiaciones, al considerar que favorecen futuras privatizaciones y limitan la capacidad del Estado.
En representación del oficialismo, la titular del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, afirmó que la ley "viene a reparar a cientos de miles de argentinos" que, según sostuvo, fueron perjudicados por usurpaciones y expropiaciones durante gobiernos anteriores.
También hubo cuestionamientos del senador Daniel Bensusán, quien denunció irregularidades en el trámite parlamentario y sostuvo que el proyecto apunta a favorecer intereses extranjeros. En la misma línea, la senadora Ana Marks criticó el nuevo régimen de desalojos y rechazó una visión de la tierra basada exclusivamente en su valor económico.
Por su parte, desde el oficialismo, los senadores Gonzalo Guzmán Coraita y Nadia Márquez defendieron la iniciativa al considerar que brinda seguridad jurídica, desalienta las usurpaciones y genera condiciones más favorables para las inversiones.
En tanto, el radical Maximiliano Abad, pese a acompañar la ley, advirtió que la llegada de inversiones dependerá principalmente de la estabilidad económica, la fortaleza institucional y reglas de juego previsibles, más allá de las reformas legislativas.
