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El Gobierno nacional resolvió retirar la reforma de la Ley de Tierras del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada luego de confirmar que no contaba con los votos necesarios para aprobar el capítulo en el Senado. La decisión fue impulsada tras el fracaso de las gestiones encabezadas por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, para reunir el respaldo de los bloques aliados.
La iniciativa proponía modificar la Ley de Tierras, un punto que despertó una fuerte controversia política durante los últimos días y que generó cuestionamientos de distintos gobernadores, legisladores nacionales y organizaciones de diversos sectores.
El escenario comenzó a cambiar este miércoles cuando varios senadores que inicialmente eran considerados favorables al proyecto manifestaron públicamente su rechazo. Entre ellos se ubicaron el radical Daniel Kroneberger, representantes del PRO y legisladores alineados con los gobernadores de Tucumán y Neuquén, quienes finalmente decidieron no acompañar la modificación.
Con esas definiciones, el oficialismo perdió la posibilidad de reunir la mayoría necesaria para avanzar con la reforma de la Ley de Tierras, por lo que optó por retirar el capítulo antes del debate en el recinto.
La decisión también reflejó el malestar existente entre bloques dialoguistas, donde varios legisladores cuestionaron la escasa participación del Gobierno nacional en la defensa política de la iniciativa. Según trascendió, algunos senadores consideraban que serían ellos quienes asumirían el costo político de respaldar una modificación que había recibido numerosas críticas en la opinión pública.
En los últimos días, la discusión sobre la Ley de Tierras tomó una importante repercusión nacional y sumó expresiones de rechazo provenientes tanto del ámbito político como de figuras públicas, lo que incrementó la presión sobre el tratamiento legislativo.
A pesar de retirar ese apartado, el oficialismo mantendrá la sesión prevista en el Senado para avanzar con el tratamiento del resto del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, aunque sin incluir el capítulo referido a la Ley de Tierras.
La decisión representa un nuevo revés legislativo para el Gobierno de Javier Milei, que deberá redefinir su estrategia parlamentaria para impulsar futuras reformas vinculadas a la administración y regulación de los bienes del Estado.
