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El Senado de la Nación retomará este jueves el debate del proyecto de propiedad privada, en una versión modificada luego de que el oficialismo retirara el capítulo vinculado a la extranjerización de tierras. La iniciativa, impulsada originalmente en el marco de las reformas promovidas por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, tendrá como eje central la modificación de los procedimientos de desalojo, además de cambios en materia de expropiaciones, manejo del fuego y regularización de escrituras.
La Cámara alta retomará la discusión a partir de las 14 horas, luego de que el tratamiento quedara suspendido el pasado 16 de julio por las diferencias generadas alrededor del capítulo que habilitaba modificaciones sobre la adquisición de tierras por parte de extranjeros.
Finalmente, el proyecto llegará al recinto con una versión más acotada, sin los artículos referidos a la extranjerización de tierras ni a los barrios populares, y con foco en modificaciones vinculadas a la protección de la propiedad privada.
Uno de los principales cambios propuestos está relacionado con los desalojos de inmuebles usurpados o de tenedores precarios. Según el dictamen, el juez podrá disponer la entrega inmediata del inmueble cuando considere que el derecho invocado por el propietario resulta verosímil y luego de una caución juratoria.
Además, el magistrado podrá intimar dentro de las 72 horas la devolución del inmueble, siempre que el propietario presente documentación que acredite la titularidad del terreno, vivienda o campo.
En los casos de inquilinos con deudas de alquiler, el propietario deberá enviar una carta documento y otorgar un plazo mínimo de 10 días corridos para regularizar la situación.
La notificación deberá realizarse en el domicilio informado en el contrato o mediante correo electrónico, indicando el lugar exacto donde debe efectuarse el pago.
Si el incumplimiento continúa, el propietario podrá iniciar una acción de desalojo que, según el proyecto, deberá resolverse en un plazo de 10 días hábiles.
Otro punto establece que el propietario no podrá rechazar la entrega de llaves ni imponer condiciones para recibirlas, aunque podrá dejar asentado por escrito la existencia de posibles deudas pendientes.
En situaciones donde existan menores de edad o personas en situación de vulnerabilidad, el juez deberá dar intervención a organismos de protección y al Ministerio Público Tutelar, estableciendo un plazo de hasta 10 días para garantizar una alternativa habitacional transitoria.
El proyecto también modifica el régimen de expropiaciones, estableciendo que la declaración de utilidad pública deberá aplicarse de manera restrictiva y con una fundamentación clara por parte del Estado.
Además, fija un límite del 30% de indemnización por lucro cesante y establece que la actualización del monto deberá contemplar el Índice de Precios al Consumidor (IPC) más la tasa del Banco Nación a 30 días.
La transferencia del inmueble no podrá concretarse sin el pago de la indemnización correspondiente, aunque el Estado podrá solicitar la posesión del bien.
En caso de existir diferencias sobre el valor del inmueble, el juez podrá solicitar un informe del Tribunal de Tasaciones de la Nación.
Otro apartado del proyecto modifica la normativa vinculada al manejo del fuego. La iniciativa elimina la prohibición vigente que impedía durante 30 años cambiar el uso de superficies rurales afectadas por incendios en zonas agropecuarias, pastizales, matorrales y áreas periurbanas.
En el caso de los bosques nativos, mantiene la prohibición de modificar el uso del suelo tras un incendio, aunque elimina el plazo específico de 60 años establecido en la legislación actual.
El proyecto también incorpora modificaciones vinculadas a la digitalización de trámites registrales, permitiendo la presentación de documentos digitales en los Registros de la Propiedad de todo el país.
Además, modifica la denominada Ley Pierri de regularización dominial, estableciendo que las familias podrán acceder a la escritura de su vivienda única si acreditan una posesión pública durante los 10 años anteriores.
De esta manera, el Senado analizará una reforma que concentra sus principales cambios en la relación entre propietarios, ocupantes, Estado y titulares de viviendas o terrenos, en una sesión que estará marcada por el debate sobre los alcances de la protección de la propiedad privada.
