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El próximo 6 de agosto, el Senado retomará el debate sobre la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una iniciativa impulsada por el Gobierno nacional que podría modificar las restricciones vigentes para la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.
En medio de la discusión, vuelve a tomar relevancia uno de los casos más polémicos de las últimas décadas: la compra en 2008 de unas 200.000 hectáreas en Valle Hermoso, La Rioja, que incluyó viviendas, una escuela, una iglesia, reservas de agua dulce y familias que ya habitaban el lugar.
La discusión por la nueva normativa tiene como uno de sus principales puntos de debate la posibilidad de flexibilizar las condiciones para que capitales extranjeros puedan adquirir grandes extensiones de territorio argentino.
El proyecto denominado Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada comenzó su tratamiento en el Congreso y obtuvo dictámenes en comisiones del Senado. La iniciativa generó posiciones enfrentadas: mientras el oficialismo sostiene que permitirá atraer inversiones y ampliar la actividad productiva, sectores críticos advierten sobre los riesgos vinculados a la pérdida de control sobre recursos estratégicos como agua, minerales y zonas fronterizas.
El antecedente que encendió el debate: un pueblo entero vendido
En 2008, un empresario estadounidense adquirió unas 200.000 hectáreas en Valle Hermoso, La Rioja, en una operación que generó una fuerte controversia nacional.
La compra fue realizada por el empresario y rabino estadounidense Yosef Jaime Libersohn, quien pagó aproximadamente 650.000 dólares por las tierras.
El punto que generó mayor impacto fue que dentro del territorio adquirido no solo había campos productivos, sino también un pueblo habitado, con casas, una escuela, una iglesia, reservas de agua dulce y familias residentes.
La operación quedó bajo análisis luego de una investigación periodística y posteriormente el Ministerio del Interior intervino para revisar posibles irregularidades en la documentación y el proceso de compraventa.
El caso Valle Hermoso fue uno de los antecedentes considerados para la sanción de la Ley 26.737 de Tierras Rurales, aprobada en 2011, que estableció límites a la concentración extranjera de tierras.
Entre sus principales restricciones se encuentran:
La norma buscó evitar una concentración excesiva de territorio en manos extranjeras y proteger zonas consideradas estratégicas.
Según datos vinculados al relevamiento del Registro Nacional de Tierras Rurales, alrededor del 5% del territorio argentino pertenece actualmente a extranjeros, una superficie que supera los 13 millones de hectáreas.
Los principales propietarios extranjeros corresponden a ciudadanos de Estados Unidos, Italia y España, que concentran una parte significativa de las tierras registradas bajo dominio extranjero.
El fenómeno tiene especial relevancia en regiones con recursos naturales estratégicos, como zonas con acceso a agua dulce, áreas cordilleranas, regiones fronterizas y territorios con potencial productivo o minero.
Con la sesión prevista para el 6 de agosto, el Congreso deberá definir si avanza con modificaciones que podrían cambiar el esquema actual de regulación sobre la propiedad rural.
Para el Gobierno nacional, flexibilizar las restricciones permitiría generar nuevas inversiones y dinamizar sectores productivos. Para sus críticos, el cambio podría abrir la puerta a una mayor extranjerización de tierras y reducir la capacidad del Estado para proteger recursos considerados estratégicos.
El caso de Valle Hermoso vuelve así al centro de la escena como uno de los ejemplos que marcaron la discusión sobre una pregunta que atraviesa el debate actual: quién puede comprar grandes extensiones del territorio argentino y bajo qué condiciones.
