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En diálogo con FM Radio del Pueblo, el legislador de Provincia Grande, Matías Lapadula, se refirió al proyecto impulsado por el Tribunal de Cuentas para garantizar el acceso a la información de Terra Ignis. Durante la entrevista cuestionó la falta de documentación entregada para las auditorías, defendió el control legislativo sobre la empresa estatal y reclamó mayor transparencia en su funcionamiento.
Al referirse a la iniciativa presentada por el Tribunal de Cuentas, Matías Lapadula sostuvo que el organismo busca contar con las herramientas necesarias para ejercer un adecuado control sobre la empresa estatal: "El Tribunal de Cuentas ingresó un proyecto de ley de transparencia a la Legislatura. Lo estuve leyendo y lo tengo que analizar más en profundidad para empezar a discutir".
A continuación, explicó cuál es el objetivo de esa iniciativa y las dificultades que encontró el organismo para acceder a la documentación: "Está claro que lo que pretende es que ha hecho un montón de pedidos de informes para auditar Terra Ignis y no se ha hecho de la documentación necesaria, ha tenido respuestas que son vacías, con falta de documentación y sin sustento documental".
En ese sentido, remarcó la necesidad de contar con información para ejercer un control efectivo: "Lo que pretende es poder acceder a la información que tiene Terra Ignis, que se maneja como una empresa privada, porque lo es, una empresa de derecho privado, a pesar de ser de propiedad del Estado provincial".
Más adelante, el legislador explicó que una auditoría requiere disponer de toda la documentación respaldatoria para emitir una opinión técnica: "Para auditarla hay que ver las cosas que ve cualquier contador cuando audita una empresa. Cuando estaba en mi estudio tenía empresas que auditaba y era normal acceder a la documentación para certificar los estados contables, ver las actas, los registros contables y pedir la información adicional que uno considere necesaria para formar una opinión".
Por ello, insistió en que el acceso a esos documentos resulta indispensable: "Me parece que es importantísimo". Asimismo, cuestionó las respuestas obtenidas por la Legislatura frente a los pedidos de informes realizados sobre la empresa: "Hemos hecho también desde la Legislatura numerosos pedidos de informes que han sido contestados de una forma avergonzosa".
En ese contexto, sostuvo que la ciudadanía tiene derecho a conocer cómo se administran los recursos públicos: "Hay cosas que se tienen que saber y que tienen que ser públicas. Todos los fueguinos merecemos tener una contestación como corresponde".
Al mismo tiempo, rechazó el argumento de la confidencialidad utilizado para negar información al Poder Legislativo: "Eso es una excusa, una excusa que utilizaron y que contestaron a un pedido de informes mío. No es cierto". Luego diferenció la reserva propia de una negociación privada del control institucional: "Una cosa es una negociación que necesita confidencialidad en el ámbito privado y otra cosa es cuando la Legislatura pide información".
Además, recordó que el reglamento legislativo contempla mecanismos para preservar información sensible sin impedir las tareas de control: "Si hay un tema confidencial, la Legislatura tiene en su reglamento hacer reuniones reservadas".
En esa línea, defendió las facultades de los legisladores para acceder a la documentación: "Lo que no podemos hacer es que a los legisladores, que representamos a todos los fueguinos, se nos oculte información. No puede existir información confidencial para quienes tenemos el deber y la responsabilidad de controlar lo que se hace en todos los ámbitos del Estado, aún desde sus empresas que se desenvuelven en el ámbito privado".
Asimismo, aseguró que esa postura fue cuestionada por otros organismos de control; "Es una excusa inaceptable, no lo digo yo".
Finalmente, recordó que el propio Tribunal de Cuentas y la Fiscalía de Estado se pronunciaron sobre esa respuesta: "Cuando me contestaron eso, el Tribunal de Cuentas y la Fiscalía de Estado dijeron que era una vergüenza esa contestación".
A modo de ejemplo, planteó una situación similar en el ámbito privado: "Si yo soy presidente de una sociedad y contrato un proveedor del cual soy dueño, sin duda los accionistas me van a pedir explicaciones. Puede estar bien o puede ser una buena decisión, pero nadie se tiene que ofender si los dueños de la empresa, en este caso el Estado provincial, y a través de la Legislatura piden explicaciones de cómo fue esa contratación".
Para cerrar, remarcó que ese control forma parte de las responsabilidades institucionales: "Eso es lo lógico y eso no tiene que ofender a nadie".
