19640 Noticias
La Comunidad Indígena selk'nam Rafaela Ishton comunicó las resoluciones adoptadas durante la Asamblea Extraordinaria realizada el 13 de junio en Río Grande, donde, según informó la propia institución, se aprobó la expulsión de cuatro integrantes de la Comisión Directiva y del Órgano de Contralor, además de redefinir la representación institucional de la organización.
La información fue difundida mediante una gacetilla institucional, reproducida por el portal Del Lago Noticias, donde se señala que la asamblea reunió a 90 integrantes con derecho a voto, representantes de Río Grande, Tolhuin y Ushuaia, alcanzando el quórum previsto en el Estatuto Comunitario.
Según la publicación, las resoluciones fueron respaldadas con la firma de más de 150 integrantes, respaldo que la Comunidad considera una ratificación de la legitimidad de las decisiones adoptadas por la Asamblea.
Entre las resoluciones aprobadas por mayoría figura la expulsión de Antonella Guevara, quien se desempeñaba como vicepresidenta; Eleonora Anderson, secretaria; Alesis Palma González, tesorero; y Mara Loza, integrante del Órgano de Contralor.
Como consecuencia de esa decisión, la Comunidad informó que las cuatro personas cesan de manera inmediata en sus funciones y dejan de estar autorizadas para representar institucionalmente a la organización.
La resolución también establece que no podrán gestionar trámites administrativos, suscribir documentación, mantener interlocución con organismos públicos o privados, presentar peticiones ni realizar declaraciones públicas en nombre de la Comunidad Indígena selk'nam Rafaela Ishton.
Asimismo, la institución solicitó a organismos nacionales, provinciales y municipales, además de entidades públicas, privadas y medios de comunicación, que no reconozcan como válidas las gestiones o manifestaciones que estas personas puedan realizar invocando la representación de la Comunidad.
La comunicación también hace referencia a Daniela Guevara, quien actualmente figura como delegada ante el Consejo de Participación Indígena (CPI) en el marco de una prórroga.
Sobre ese punto, la Comunidad aclaró que dicha condición será informada al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y sostuvo que esa designación no la convierte en autoridad comunitaria, ni le otorga facultades para adoptar decisiones o ejercer la representación institucional de la organización.
En la gacetilla, la Comunidad afirmó que todas las resoluciones fueron adoptadas en ejercicio de su autonomía y autogobierno, conforme al artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional, la Ley 23.302, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y su Estatuto Comunitario.
Finalmente, informó que las decisiones fueron notificadas al Gobierno de Tierra del Fuego, a las municipalidades de Río Grande, Tolhuin y Ushuaia, además de los organismos competentes.
La Comunidad concluyó señalando que las medidas cuentan con el respaldo del Consejo de Ancianos, la Comisión Directiva y el Órgano de Contralor, y reafirmó su compromiso con la defensa de su organización, sus derechos colectivos, su identidad y el respeto por las decisiones adoptadas por la Asamblea como máxima autoridad institucional.
