El Gobierno reglamentó la Ley de Inocencia Fiscal y habilitó el blanqueo popular

El Gobierno reglamentó la Ley de Inocencia Fiscal, un marco legal que busca regularizar los ahorros informales de los ciudadanos y protegerlos frente a posibles sanciones por evasión. La norma establece un régimen simplificado de ganancias, eleva los umbrales de reportes bancarios y modifica la prescripción de delitos, marcando el inicio del blanqueo popular más grande de la historia.

En ese marco, la ley introduce tres elementos principales:

1. Régimen Simplificado de Ganancias (RSG): Permite a los contribuyentes tributar sin que se revisen retrospectivamente su patrimonio o gastos personales. Los ahorros fuera del sistema pueden regularizarse y utilizarse libremente, incentivando la inversión y el consumo. Por ejemplo, pymes que operaban parcialmente en negro podrán reinvertir sus ahorros, y familias podrán destinar fondos a la compra de viviendas o inversiones financieras.
2. Blindaje contra persecución por evasión: El umbral de evasión simple se eleva a 100 millones de pesos y el agravado a 1.000 millones. Además, la prescripción de delitos se reduce de 5 a 3 años. La normativa establece que evadir ya no será un delito penal, y las deudas podrán regularizarse pagando lo adeudado sin consecuencias penales.
3. Modificación de umbrales de reportes bancarios: Las operaciones de hasta 10 millones de pesos al mes (en pesos o dólares equivalentes) ya no deberán ser informadas a ARCA, aumentando la privacidad y la comodidad de los ciudadanos. Esto permitirá que las autoridades financieras concentren esfuerzos en delitos graves en lugar de en contribuyentes de a pie.

La ley busca poner fin a décadas de persecución sobre los ciudadanos comunes, simplificando la tributación y fomentando la formalización de ahorros. Con estas medidas, se espera una mayor liquidez en la economía y un sistema financiero más accesible y seguro para los argentinos.