Tarifazo desde febrero: Gobierno oficializó subas en gas y electricidad para reducir subsidios

Las tarifas de los servicios públicos registrarán nuevos aumentos a partir del 1° de febrero, como consecuencia de una serie de medidas adoptadas por el Gobierno nacional para avanzar en la reducción de subsidios y garantizar previsibilidad en el esquema energético.

El incremento más significativo se dará en el servicio de gas natural, cuya tarifa aumentará en promedio un 16,86% en todo el país. En tanto, la electricidad tendrá una suba del 3,59% en las zonas atendidas por las distribuidoras EDENOR y EDESUR, según datos oficiales.

Desde el Gobierno nacional explicaron que los aumentos responden a varios factores, entre ellos la cuota mensual de la Revisión Quinquenal Tarifaria, el ajuste mensual por fórmula que combina IPIM e IPC, la aplicación del nuevo esquema de subsidios SEF y la implementación de un precio de gas unificado y fijo durante todo el año.

En relación con este último punto, las autoridades aclararon que el ajuste de febrero representa un salto por única vez, pero se aplica en un mes de bajo consumo. “Se busca darle previsibilidad al usuario para que en los meses donde más necesita consumir gas, como el invierno, no se le dispare el precio”, señalaron desde el Ejecutivo. Según la interpretación oficial, “se evita así sobresaltos estacionales de la factura a lo largo del año”.

De acuerdo con los cálculos de la Secretaría de Energía, la categoría residencial más numerosa (R1), que representa el 42% del total de usuarios, tendrá aumentos de $3.000 o menos, mientras que aproximadamente uno de cada cinco usuarios registrará subas inferiores a $1.000.

Para las primeras cuatro categorías residenciales, que concentran cerca del 70% de los usuarios de gas en el país, los incrementos promedio oscilarán entre $960 y $6.400. En tanto, para el 30% restante, correspondiente a hogares con mayores consumos, los aumentos se ubicarán entre $2.900 y $11.300, en promedio.

Las nuevas tarifas se enmarcan en la política oficial de reordenamiento del sistema energético y reducción gradual de los subsidios estatales a los servicios públicos.