Ley de Discapacidad sin ejecución: denuncian incumplimientos graves en salud y educación
María José Pazos visibilizó la difícil situación que enfrentan muchas familias fueguinas, denunciando la falta de recursos y el deterioro en el acceso a derechos básicos como la salud, educación y asistencia para personas con discapacidad.
En diálogo con Radio Provincia, María José Pazos, madre y referente de la Comisión de Discapacidad de Ushuaia, se refirió a los reclamos que sostienen las familias de personas con discapacidad en la provincia. En la entrevista, abordó la falta de implementación de la Ley de Emergencia en Discapacidad, la baja cobertura en salud, la precariedad educativa, la sobrecarga en tareas de cuidado y la ausencia de diálogo institucional.
En primer término, Pazos recordó la movilización realizada en Ushuaia en agosto pasado "acompañamos el reclamo a nivel nacional por la emergencia en discapacidad. Hicimos una manifestación frente a la legislatura, y pasaron dos meses sin respuestas concretas".
Luego, describió los contactos con funcionarios tras esa protesta, pero con escasos avances "pudimos hablar con algunos ministros, y nos pusieron al tanto de la falta de envío de recursos por parte del Gobierno Nacional. Es atendible, pero nadie salió a explicar por qué votaron en contra de la ley de emergencia o por qué no se prioriza este tema".
En ese contexto, Pazos remarcó la falta de explicaciones públicas de quienes tienen responsabilidades políticas "ni Garramuño ni Pauli explicaron los motivos de su voto, ni se convocó a los colectivos para debatir la situación. Tampoco lo hizo Coto o Gracianía, y desde julio la legislatura no funciona para tratar temas que son de máxima gravedad".
Además, expresó la preocupación por la desactualización de las pensiones y la cobertura de insumos esenciales "la pensión no contributiva no llega a 300 mil pesos, y los insumos como los pañales tienen un costo que va de 450 a 700 mil pesos por mes. ¿Qué hacemos? ¿Elegimos entre pañales, remedios o comida?", custionó.
En relación a la cobertura de salud, fue tajante al denunciar el incumplimiento de la ley vigente "no se cumple con la ley nacional 24.901, que exige el 100% de cobertura en discapacidad. La burocracia es cada vez mayor y muchas familias quedan atrapadas sin saber a dónde acudir."
En otro punto, criticó la falta de respuestas institucionales ante los reclamos "la Ministra de Bienestar Humano contestó a través de una nota en la radio, si eso es una respuesta. También sabemos que el bono de 40 mil pesos no se pagó a los beneficiarios de RUPE, como sí se hizo con otros trabajadores".
Asimismo, explicó cómo los recortes afectan a distintos sectores "el problema no empieza ni termina en el monto de la pensión. Es el acceso a salud, educación, insumos y prestaciones. Es todo lo que no se está garantizando y que debería estar presupuestado".
Sobre la educación, hizo referencia a la falta de condiciones edilicias en las escuelas especiales "no tenemos un establecimiento educativo seguro. El único en Ushuaia sigue con problemas. La semana pasada hubo una evacuación por una pérdida. ¿Cómo educás así?".
También, habló sobre el peso que cargan las familias cuidadoras "estamos sometidas a una doble o triple jornada laboral. Se habla del síndrome del cuidador quemado, pero nadie habla de lo que implica cuidar 24/7 a una persona con discapacidad desde el nacimiento", señaló.
En ese sentido, pidió un cambio de mirada hacia quienes asumen esas tareas "¿Quién cuida de quienes cuidamos? Esa es la pregunta que nos hacemos todos los días. Las tareas de cuidado son invisibilizadas y no hay políticas públicas que reconozcan ese esfuerzo cotidiano".
Al respecto, mencionó un proyecto de ley provincial que permanece sin tratamiento "hay un proyecto de ley en la legislatura local sobre tareas de cuidado. Hace un año que está durmiendo. No son cosas que inventamos, son medidas que se aplican en otros países".
Por otro lado, se refirió a la situación nacional y el impacto en derechos conquistados "en estos últimos casi dos años retrocedimos 20 años. El derecho tiene que ser progresivo, pero estamos viviendo un retroceso brutal en derechos básicos, y eso fue el origen del proyecto de emergencia", denunció Pazos.
Por último, María José Pazos hizo un llamado a la organización colectiva "no se puede defender lo que no se conoce. Si cada mamá convoca a otra, si nos organizamos, podemos construir un movimiento con fuerza para que se respeten nuestros derechos. La escuela es de los pibes, no de los docentes ni del ministro. Por eso nos reunimos hoy a las 17:00 h en la puerta. Es un espacio público y tenemos derecho a apropiarnos de él para exigir condiciones dignas".
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