Directivos de KMG a juicio por contrabando millonario
Importaban material declarado como tecnología desde China, pero eran cajas vacías. La maniobra defraudó al Estado por USD 1,5 millones y generó una ganancia ilícita de $300 millones.
La jueza federal de Río Grande, Mariel Borruto, elevó a juicio oral una causa por contrabando agravado contra directivos de la empresa KMG Fueguina SA, una despachante de aduana y el socio gerente de una firma ushuaiense. La maniobra les habría permitido girar al exterior más de 1,5 millones de dólares bajo el régimen de promoción industrial, declarando supuesta tecnología que en realidad eran cajas vacías o chatarra.
La investigación se inició a partir de una denuncia presentada por la Dirección General de Aduanas, que detectó una operación de importación fraudulenta en el Área Aduanera Especial de Tierra del Fuego. Según se indicó, se declaró el ingreso de equipamiento tecnológico valuado en 1,5 millones de dólares, cuando en realidad la carga eran cajas vacías o equipos obsoletos sin valor de mercado, también llamados “basura tecnológica”.
Lo llamativo para los investigadores fue que las facturas de compra tenían fecha de marzo de 2020, dos años antes de la supuesta importación, y dos meses antes de que la empresa extranjera emisora, una firma trader con sede en Delaware, EE. UU., fuera oficialmente constituida. Ante esta anormalidad, la mercadería pasó automáticamente a canal rojo, lo que activó una verificación exhaustiva, según el comunicado oficial de Aduanas.
La jueza Borruto decidió clausurar la etapa de instrucción y remitir el expediente al Tribunal Oral Federal de Ushuaia. Los acusados son dos directivos de KMG Fueguina SA, una despachante de aduana de Río Grande y el socio gerente de Ingeniería 65 SRL, firma con sede en Ushuaia que habría prestado su nombre para una de las operaciones.
De acuerdo al informe de Aduanas, si se tiene en cuenta la brecha entre el dólar oficial y el contado con liquidación de ese momento, el giro de los USD 1,5 millones al exterior habría generado una ganancia ilícita de más de $300 millones para los involucrados.
La mercadería tenía origen en China, pero fue triangulada a través de la empresa radicada en EE. UU. para aprovechar los beneficios fiscales del régimen de promoción industrial fueguino. Sin embargo, el valor real de la carga no superaba los 30 mil dólares, considerando apenas el valor residual del plástico y el aluminio de los equipos simulados.
El entonces titular de la Dirección General de Aduanas, Guillermo Michel, fue tajante en sus declaraciones públicas "las reservas las debemos cuidar para la producción y la generación de empleo, y evitar que se destinen a maniobras irregulares con el simple objetivo de sacarle dólares al valor oficial al Estado”, sostuvo.
Con esta resolución, el caso pasará a juicio oral y público, y marcará un nuevo antecedente en los controles del régimen aduanero de Tierra del Fuego, un área históricamente sensible por los beneficios fiscales que ofrece.
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