Denuncian de abuso de autoridad al juez González Cárcamo por medidas sin sustento legal

En una entrevista con FM Aire Libre, la abogada Violeta Coronel expuso una serie de denuncias contra el juez de Familia Fernando González Cárcamo, a quien acusa de emitir medidas judiciales sin respaldo legal, en el marco de una causa civil sin demanda formal. Según detalló, su defendido fue sometido a un allanamiento, requisado su automóvil y colocado bajo una tobillera electrónica, todo esto sin haber sido notificado legalmente ni imputado por delito alguno. Las acciones del magistrado motivaron denuncias por prevaricato, violación de la privacidad, abuso de autoridad y un pedido de juicio político ante el Consejo de la Magistratura.

En ese marco, la abogada Violeta Coronel comenzó explicando la situación "en principio, yo represento a mi cliente. Hicimos una presentación ante fiscalía, una denuncia de prevaricato y abuso de autoridad por diferentes medidas que había liberado el juez de familia 1 contra mi representante ". Según afirmó, “esas medidas son abusivas y excesivas para con el señor, dado que se toman sin siquiera dar derecho de defensa a la otra parte".

En ese contexto, Coronel sostuvo que el juez dictó medidas fundadas exclusivamente en los dichos de una de las partes "son medidas, denuncias por parte o simples dichos donde el juez acredita y da por sentado lo que manifiesta una persona, y en base a eso toma medidas extralimitadas", señaló.

Entre esas medidas, precisó que se incluyeron un alienamiento, un secuestro y una requisa, todo en base a una supuesta declaración de concubinato presentada por la otra parte "el señor hasta la fecha no ha sido notificado de ninguna demanda", reiteró Coronel, y agrego "son solamente medidas coercitivas en el marco de una separación de dos personas que no están casadas".

Continuando con su relato, remarcó la irregularidad en torno al supuesto concubinato "no existe ese documento porque alega que en el año 2013 se había hecho ese papel, pero el registro de uniones convivenciales comenzó recién en 2015. Por ende, no puede existir".

Asimismo, denunció que antes del allanamiento ya existía una prohibición de acercamiento impuesta por el juez "hasta ahí está avalado por la ley MI-22", reconoció, pero explicó que “el equipo interdisciplinario del juzgado no consideró necesarias otras medidas, ya que no hubo hechos posteriores".

Sin embargo, el juez tomó nuevas decisiones basadas en un informe externo "el 28 de marzo, por un informe de una operadora en psicología —sin título habilitante—, el juez ordena una tobillera porque la víctima ‘tenía temor’. Hoy, hace ya un mes y medio, mi cliente sigue con la tobillera, sin haber incumplido ninguna medida".

Sobre las medidas judiciales, Coronel enfatizó que “todas son cautelares. No hay demanda, no hay proceso judicial en curso, son órdenes del juez basadas en relatos verbales". También confirmó que “la denuncia penal fue presentada contra el juez Fernando Damián González Cárcamo por los delitos de prevaricato, abuso de autoridad, allanamiento ilegal y violación de la privacidad", y añadió que “el Consejo de la Magistratura ya recibió la denuncia, así como el pedido de juicio político para que se abra un jury por mal desempeño".

Según argumentó, estas medidas exceden claramente las competencias del fuero civil "un allanamiento, un secuestro y una requisa son facultades propias de los juzgados penales, salvo que haya delito, lo cual acá no existe. Estamos hablando de dos personas que no están casadas y discuten una compensación económica".

Además, apuntó directamente al prejuicio judicial "ponen una tobillera no porque lo haya incumplido, sino para asegurarse de que cumpla. Eso es prejuzgar. Y ya lleva más de un mes así".

Respecto del estado actual de su representado, Coronel fue contundente "hoy está con terapias, medicado, tiene daños económicos porque todo implica un gasto: abogado, celular nuevo, psicólogo privado. Vive con miedo, shockeado. Está dañado. Esos daños son irreversibles".

Entonces, Violeta Coronel expresó su expectativa sobre cómo debe proceder la justicia "esperamos que Fiscalía actúe, que el Superior Tribunal tome con seriedad los delitos reiterados. Es grave vulnerar la inviolabilidad del domicilio por el simple dicho de una parte". Además, relató con énfasis que durante el allanamiento “se secuestraron los celulares del supuesto acusado y de todos los presentes, incluidos niños o familiares". Añadió que “revisaron toda la casa y el auto sin encontrar nada, porque no existe la declaración de concubinato".

Por último, la letrada cerró afirmando que “esperamos que se investigue y se tomen las decisiones necesarias: apartamiento, juicio político, lo que corresponda. Esto no puede volver a suceder, porque estamos hablando de daños irreversibles que pueden llevar incluso al suicidio de una persona".