La ONU instó al gobierno de Javier Milei a "investigar" la represión del miércoles en Congreso
La entidad consideró que “la existencia de algunos actos de violencia no justifica el uso de la fuerza contra todos los participantes de una manifestación que ejercen su derecho de reunión pacífica”.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos instó este viernes al Gobierno argentino a “investigar con diligencia los hechos ocurridos” en la protesta del miércoles último en Congreso, donde la que 46 personas resultaron heridas.
Como se sabe, entre las víctimas de la brutal represión ejercida contra los manifestantes por fuerzas federales comandadas por la ministra Patricia Bullrich, está el fotoperiodista Pablo Grillo, quien permanece internado en estado crítico.
En cuanto al pedido de la ONU, el comisionado para América del Sur, Jan Jarab, recordó que “la existencia de algunos actos de violencia no justifica el uso de la fuerza contra todos los participantes de una manifestación que ejercen su derecho de reunión pacífica”.
Además, enfatizó que el uso de la fuerza debe “respetar en todo momento los principios internacionales de legalidad, necesidad, proporcionalidad, no discriminación y rendición de cuentas”.
El comisionado habló de “uso indiscriminado de la fuerza por parte de la autoridad” y agregó que “muchos manifestantes eran personas de edad avanzada que exigían pacíficamente derechos sociales en materias de jubilación y salud”.
Jarab también subrayó que las armas menos letales, como las lacrimógenas, deben utilizarse adecuadamente según los estándares internacionales, ya que pueden convertirse en letales. En ese sentido, vale recordar que el fotógrafo Grillo fue impactado en la cabeza por un cartucho de gas lacrimógeno disparado directamente contra él.
Tas señalar que más de cien personas detenidas durante la manifestación fueron liberadas al no hallarse evidencia de que cometieran delitos, la organización destacó “la importancia de la independencia judicial en la garantía de los derechos de participación, el control de la legalidad de las detenciones y de las actuaciones policiales”.
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