El Gobierno denunció penalmente a los organizadores de la marcha de jubilados e hinchas por "sedición y asociación ilícita"

El Ministerio de Seguridad de la Nación presentó una denuncia penal por instrucción de Patricia Bullrich, luego de los disturbios que tuvieron lugar en la marcha de jubilados e hinchas en el Congreso. La acusación fue realizada por los delitos de Sedición, Atentado al Orden Constitucional y la Vida Democrática ,y Asociación Ilícita Agravada.
 
La presentación fue radicada ante la Justicia Federal y señala como posibles responsables de los hechos al exlíder montonero Mario Firmenich, al intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, y a grupos organizados que, según la cartera, habrían promovido los disturbios con fines desestabilizadores en la marcha de los jubilados.

 
También se apunta contra Leandro Capriotti, vinculado a Chacarita y presuntamente cercano al sindicalista Luis Barrionuevo, como uno de los principales responsables de la organización de la violencia. Capriotti, según las acusaciones, habría coordinado a los grupos de barrabravas para realizar actos de violencia con el objetivo de desestabilizar al gobierno de Javier Milei.
Bullrich ya había anticipado que se realizaría la presente denuncia durante la conferencia de prensa que protagonizó el pasado jueves.

Los cuestionamientos del Ministerio de Seguridad a la jueza Karina Andrade

Además, el ministerio cuestionó fuertemente la decisión de la jueza Karina Andrade, quien ordenó la liberación de casi todos los detenidos. Desde Seguridad, consideran que la orden se realizó sin haber analizado la prueba ni los antecedentes penales.

Es que la denuncia del ministerio subraya que varios de los detenidos tienen antecedentes de delitos graves, como lesiones, tenencia de armas y tráfico de estupefacientes.

En base a esto, sostiene la intención de que se declare la incompetencia del juzgado de Andrade en este caso, dada la gravedad de los delitos investigados.

Por otro lado, la cartera de Bullrich no descartó presentar una denuncia penal contra la jueza por presunto prevaricato, al considerar que su decisión de liberar a los detenidos podría constituir una violación de los deberes de un funcionario público.