Las nuevas disposiciones establecidas por el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) han transformado el panorama de alquileres en Tierra del Fuego.

Fm Master dialogó con Gabriel Martínez, martillero de la reconocida inmobiliaria Iwoka, quien indicó  cómo estas modificaciones impactan tanto a propietarios como inquilinos.

Martínez, abordó la aplicación del DNU a contratos vigentes, y enfatizó que "toda ley que se modifica no es retroactiva, o sea, el que tiene contrato vigente coincide con ese contrato". Esto brindó cierta estabilidad a aquellos que ya se encuentran en acuerdos existentes.

En lo referente a las alteraciones introducidas, Martínez destacó la flexibilización en la elección de la moneda para los contratos, enfatizando que "ambas partes pueden pactar hacer un contrato en dólares". Esta libertad monetaria, según Martínez, ha redefinido  las dinámicas contractuales, ofreciendo a las partes involucradas una flexibilidad.

En relación a la actualización de los contratos, Martínez reveló que, aunque generalmente se establece una actualización semestral, "depende mucho del propietario". Este enfoque personalizado se basa en indicadores económicos como el Índice de Precios al Consumidor (IPC), mostrando una adaptabilidad a las condiciones cambiantes del mercado.

Con respecto a las garantías, se observa un cambio significativo. Martínez señaló "Hoy se puede determinar cualquier garantía", indicando que ahora se aceptan diversas formas de respaldo, desde recibos de sueldo hasta hipotecas, proporcionando a las partes una gama más amplia de opciones de respaldo.

Asimismo compartió datos sobre la duración de los contratos, señalando que el plazo mínimo legal de tres años fue reemplazado por acuerdos mayormente de dos años en los contratos que estaban renovando.

El martillero también compartió experiencias prácticas "La totalidad de los 40 contratos que vencieron el 31 de diciembre se renovaron, la mayoría a dos años, bajo estas nuevas condiciones". Esta estadística respalda la idea de una rápida adaptación y aceptación de las nuevas normativas por parte de la comunidad inmobiliaria local.