La adquisición de estas tierras urbanizadas en Río Grande, demandó una inversión de más de 1.600 millones de pesos, lo que "constituye un gran esfuerzo por parte del IPV y del Gobierno provincial", recalcó la titular del organismo.

En ese marco, "el IPV adquiere hoy un rol protagónico, se ha vuelto a poner de pie, de cara a la sociedad para dar respuesta a una necesidad real y concreta que hoy tienen miles de familias", manifestó.

A su vez, Hernández se refirió al problema puntual de falta de tierra urbanizada, es decir que cuente con servicios de luz, gas y cloacas. “La gestión permitió alcanzar acuerdos y convenios con la Nación para la construcción de 5 mil viviendas. Estamos hablando de un hecho histórico para la provincia. Pero esas viviendas debemos construirla sobre tierra urbanizada, que cuente con todos los servicios”.

“Hemos buscado las mejores tierras de la ciudad de Río Grande y también de Ushuaia, donde todavía no pudimos concretar ninguna operatoria porque es aún más compleja la falta de tierra urbanizada”, sostuvo.

En cuanto a Río Grande, explicó que desde el organismo se mantuvo contactos con la mayoría de las empresas urbanizadoras e inmobiliarias, realizando consultas y sondeos en torno a la disponibilidad de suelo urbano. “Hicimos un primer llamado que fracasó porque el valor del mercado no es el valor que establecen los urbanizadores”, recordó.

En tal sentido, la arquitecta insistió en que este ambicioso plan “no solamente va a significar un impulso para las economías locales, con creación de mano de obra y actividad en los corralones, sino que fundamentalmente va a dar a respuesta a 5 mil familias que hoy no tienen un techo propio”.