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La causa judicial iniciada contra el presidente Javier Milei por haber autorizado el ingreso de tropas estadounidenses a la Base Naval de Ushuaia fue archivada por decisión de la jueza federal María Eugenia Capuchetti, quien consideró que el decreto cuestionado se encuentra dentro de las atribuciones constitucionales del Poder Ejecutivo.
La denuncia había sido presentada por la diputada nacional Marcela Pagano, quien acusó al mandatario de presunto abuso de autoridad por haber habilitado mediante decreto la participación de efectivos militares norteamericanos en ejercicios conjuntos con la Armada Argentina sin intervención previa del Congreso.
El expediente se originó tras la publicación del Decreto 697/2025, mediante el cual el Gobierno nacional autorizó el ingreso de alrededor de 30 integrantes de una unidad especial de la Marina de los Estados Unidos para participar de maniobras militares en el extremo sur del país.
La operación, denominada "Daga Atlántica", se desarrolló en la ciudad de Ushuaia y generó cuestionamientos de distintos sectores políticos que plantearon dudas sobre el alcance del acuerdo y sus implicancias estratégicas en una región considerada de creciente interés geopolítico.
En su presentación judicial, Pagano sostuvo que la autorización debió haber sido debatida previamente por el Congreso Nacional, tal como prevé la normativa vigente para determinados acuerdos de cooperación militar. Además, solicitó investigar si existieron otras circunstancias vinculadas a las negociaciones mantenidas por el Gobierno nacional con autoridades estadounidenses.
La fiscal Paloma Ochoa había impulsado inicialmente algunas medidas de prueba dentro de la investigación, entre ellas pedidos de informes a la Cámara de Diputados. Sin embargo, la magistrada resolvió archivar el expediente al considerar que no existían elementos suficientes para atribuir responsabilidad penal al Presidente.
En su resolución, Capuchetti sostuvo que el dictado de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) no constituye por sí mismo una vulneración del orden constitucional ni una usurpación automática de facultades legislativas.
La jueza entendió que la utilización de esta herramienta se encuentra prevista por la Constitución Nacional y que, en todo caso, corresponde al Congreso ejercer el control político e institucional de este tipo de decisiones mediante los mecanismos establecidos para el tratamiento de los DNU.
De esta manera, la magistrada concluyó que no existían fundamentos para avanzar con una investigación penal y dispuso el cierre de las actuaciones.
No obstante, la controversia judicial aún no está cerrada. Pagano cuestionó el archivo al considerarlo "prematuro" y presentó una apelación contra la resolución, argumentando que la decisión afecta las facultades de representación parlamentaria y el debate legislativo sobre medidas de esta naturaleza.
Ahora será una instancia superior la que deberá analizar el planteo de la legisladora y determinar si corresponde confirmar el archivo dispuesto por la jueza o reabrir la investigación.
El caso se desarrolla en un contexto donde la presencia de fuerzas militares extranjeras en el país y el rol estratégico de Tierra del Fuego continúan generando debate político e institucional, especialmente en torno a la importancia geopolítica del Atlántico Sur y la proyección antártica argentina
