Fossatto: "La promulgación demuestra la madurez institucional y el respeto al principio republicano de gobierno"

La norma, registrada como Ley Provincial N° 1626 y publicada en el Boletín Oficial el pasado 10 de junio, abroga formalmente la Ley Provincial N° 1529, que había declarado la necesidad de avanzar con una reforma parcial de la Constitución de la Provincia.

La promulgación se concretó luego de que la Legislatura insistiera con la derogación de la norma original tras el veto dispuesto por el gobernador Gustavo Melella. De acuerdo con el procedimiento constitucional vigente, la insistencia parlamentaria determinó al Poder Ejecutivo a promulgar la ley sancionada.

En ese contexto, el Secretario Legal de Gobierno, Emiliano Fossatto, explicó que la decisión responde al cumplimiento de los mecanismos institucionales previstos por la Constitución.

"La promulgación responde al cumplimiento de los mecanismos que prevé la Constitución para la formación y sanción de las leyes", sostuvo el funcionario.

Fossatto consideró además que la actuación del Ejecutivo refleja "la madurez institucional del Gobierno y su respeto por la división de poderes y el funcionamiento de las instituciones republicanas".

No obstante, el titular de la Secretaría Legal aclaró que la promulgación de la ley no implica un abandono de la postura que el Ejecutivo viene sosteniendo en defensa de la reforma constitucional.

"La promulgación no significa que el proceso haya terminado. El Gobierno seguirá ejerciendo todas las acciones legales que correspondan para sostener la validez del proceso de reforma constitucional", afirmó.

En ese sentido, confirmó que el Gobierno continuará impulsando las vías judiciales actualmente en trámite.

"Con la apelación presentada en el expediente del Juzgado Electoral y con las demás acciones que se encuentran en curso, se continuará defendiendo la validez del proceso iniciado por la Ley Provincial Nº 1529", indicó.

Finalmente, señaló que el cumplimiento del procedimiento constitucional por parte del Poder Ejecutivo y la continuidad de las acciones judiciales no son situaciones contradictorias, sino complementarias.

"El Gobierno cumplió con la obligación constitucional de promulgar la ley insistida por la Legislatura, pero ello no modifica la posición que viene sosteniendo respecto de la validez del proceso de reforma constitucional. Las acciones judiciales ya iniciadas continuarán su curso y se adoptarán las medidas necesarias para resguardar los intereses institucionales comprometidos", concluyó.