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En diálogo con FM Radio del Pueblo, el legislador de Provincia Grande, Matías Lapadula, se refirió a la conformación de la comisión investigadora creada para analizar el caso del radar de LeoLabs. Explicó cuáles serán los objetivos del cuerpo, defendió la necesidad de determinar responsabilidades políticas y remarcó la gravedad institucional y soberana del episodio ocurrido en Tierra del Fuego.
En primer término, Lapadula explicó que la comisión comenzó formalmente su trabajo tras la designación de autoridades y representantes: “Esta comisión investigadora está conformada por un representante de cada uno de los bloques políticos de la Legislatura”, indicó.
Asimismo, destacó la necesidad de avanzar rápidamente debido a los plazos establecidos por la propia norma de creación: “Era importante lo antes posible conformarlo”, sostuvo.
Además, remarcó que el objetivo central será esclarecer las circunstancias que permitieron la instalación del radar: “Acá también hay responsabilidades políticas”, afirmó.
En ese sentido, diferenció claramente el trabajo legislativo de las investigaciones judiciales en curso: “Lo que investigamos no son responsabilidades penales, sino políticas respecto a un hecho que es grave”, expresó.
Al profundizar sobre la importancia del caso, Lapadula fue contundente: “Nos metieron un radar con capacidades militares de capitales ingleses en el medio de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur”, señaló.
Por ello, insistió en que el episodio representa una cuestión sensible para la soberanía nacional: “Eso es un hecho grave en términos de soberanía”, remarcó.
Asimismo, adelantó que la comisión requerirá documentación y testimonios de los organismos involucrados: “Se va a solicitar toda la documentación y se va a requerir también que se presenten funcionarios para brindar testimonio”, manifestó.
Respecto de los cuestionamientos sobre posibles irregularidades administrativas, sostuvo que deberán analizarse los procedimientos utilizados: “Si hubo un apresuramiento de los plazos, hay que ver qué es lo que sucedió y también quiénes son responsables de eso”, indicó.
Sin embargo, aclaró que la investigación no busca señalar culpables anticipadamente: “No es una cacería de brujas”, aseguró.
A la vez, defendió la necesidad de revisar todo el proceso institucional: “Lo que sí nos parece un hecho grave es que hay que investigarlo”, enfatizó.
Además, consideró que las conclusiones podrían derivar en nuevas herramientas legislativas: “A lo mejor concluimos que no hubo una responsabilidad política, pero sí podemos definir procedimientos y normativas para que no nos vuelva a pasar”, explicó.
Finalmente, Lapadula sostuvo que el análisis debió haberse realizado tiempo atrás: “Esta comisión investigadora se tendría que haber creado hace mucho tiempo”, afirmó.
Por último, celebró que la Legislatura haya avanzado finalmente con la iniciativa: “Hoy no lo pueden hacer y yo celebro que así sea y que de una vez por todas nos pongamos a investigar”, concluyó.
