19640 Noticias
En diálogo con FM Radio del Pueblo, el secretario de Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur y Relaciones Internacionales de Tierra del Fuego, Andrés Dachary, se refirió a la conformación de la comisión investigadora sobre el radar de Leolabs. El funcionario analizó el rol del Estado provincial, recordó las actuaciones judiciales previas y advirtió que todavía existen recursos pendientes que podrían reactivar el conflicto.
En primer término, Andrés Dachary aclaró que desde la Secretaría de Malvinas no participaron en el proceso de autorizaciones vinculadas al radar: “Nosotros no tomamos intervención en lo que fue el proceso de las distintas autorizaciones”, afirmó.
Asimismo, sostuvo que la creación de la comisión puede ayudar a cerrar una discusión que se mantiene abierta desde hace años:“Yo honestamente celebro que se haya creado una comisión y que pueda dar la tranquilidad a la gente y una vez por todas terminemos con este debate”, expresó.
Además, remarcó que existe una confusión respecto a las competencias vinculadas a la instalación de radares: “Las provincias no autorizan radares, que es una decisión nacional”, señaló.
En ese sentido, consideró que el caso debe servir para revisar el marco normativo vigente: “Esto puede ser o debe ser un disparador para repensar porque hay leyes que nos permiten al día de hoy que sucedan estas cosas que son una incongruencia”, indicó.
Por otra parte, cuestionó la legislación nacional vinculada a inversiones extranjeras: “Tenés una ley desde los noventas en las cuales las inversiones británicas son preferidas por sobre otras inversiones de otros países”, manifestó.
Asimismo, recordó que ya existieron actuaciones judiciales y administrativas relacionadas con el caso: “Hubo una denuncia en este sentido del ex senador Pablo Blanco de averiguación de delito”, explicó.
Además, detalló que todas las áreas gubernamentales involucradas remitieron documentación para su análisis: “Cada una de las áreas intervinientes remitió toda la información y hubo un dictamen”, afirmó.
En otro tramo de la entrevista, insistió en que el caso ya atravesó instancias judiciales previas: “Leolab pasó por la justicia”, sostuvo.
También remarcó que existen dictámenes oficiales sobre las actuaciones realizadas: “Está el dictamen de la justicia, está el dictamen de fiscalía”, expresó.
A continuación, señaló que la prioridad debería ser resolver el problema de fondo y evitar que el conflicto vuelva a reactivarse: “Me parece fantástico que se quieran investigar las causas, pero yo me focalizaría también en resolver el problema real que tenemos hoy”, afirmó.
En esa línea, advirtió que aún existen recursos pendientes tanto en la provincia como en el ámbito nacional: “No terminó esta situación”, indicó.
Además, explicó que la empresa mantiene apelaciones administrativas y judiciales abiertas: “Sigue pendiente un recurso tanto en la provincia por parte de la empresa que apeló lo que era el fallo, como así también un recurso de reconsideración en alzada en el ministerio de jefatura de gabinete del gobierno nacional”, detalló.
Por último, alertó sobre las consecuencias que podría generar una resolución adversa para la provincia: “Si esas dos cosas salen mal, esto podría volver al peor escenario que era hace tres años atrás”, concluyó.
