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La secretaria de Coordinación Legal y Técnica del Gobierno de Tierra del Fuego, Mariangeles Arroyo, analizó la apelación presentada por el Ejecutivo provincial contra el fallo judicial que suspendió el proceso de reforma constitucional y detalló los plazos que ahora rigen en la causa.
En diálogo con FM La Isla, la funcionaria explicó que la presentación del Gobierno incluye seis agravios, entre ellos la interpretación sobre la firmeza del fallo y sus efectos jurídicos.
En ese sentido, sostuvo que la presentación de una queja ante la Corte Suprema no suspende automáticamente lo resuelto por el Superior Tribunal, en línea con la postura del Ejecutivo provincial.
Uno de los puntos centrales del proceso actual es la decisión judicial de otorgar un plazo de cinco días corridos para que los partidos políticos emitan opinión sobre la apelación.
Sobre este punto, Arroyo detalló: “Cinco días corridos para emitir opinión”, al referirse al plazo establecido en el expediente judicial.
La funcionaria señaló además que, una vez cumplido ese plazo, el expediente será elevado a la Cámara para su revisión, lo que marcará la siguiente etapa del proceso.
En ese marco, el Gobierno pidió que el tratamiento sea urgente, considerando la relevancia institucional del caso y los tiempos del proceso electoral en curso.
Arroyo también cuestionó aspectos del procedimiento judicial, particularmente la intervención de partidos políticos en esta instancia, al señalar que se trata de una situación inusual dentro del trámite habitual de este tipo de causas.
Además, la funcionaria indicó que la apelación también cuestiona la falta de motivación suficiente en el fallo que suspendió el proceso de reforma constitucional.
Finalmente, sostuvo que el Ejecutivo analiza otras estrategias legales vinculadas a decisiones previas del proceso, aunque aclaró que no forman parte de esta apelación en particular.
