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A siete meses del inicio de la investigación, el Juzgado de Instrucción Nº 3 resolvió elevar a la instancia de juicio oral la causa que tiene como principal acusado a Fernando Aaron Moreyra, de 22 años, detenido por el homicidio de Alberto Scariot, de 40. El joven enfrenta una imputación por homicidio agravado por ensañamiento, delito que contempla la posibilidad de una condena a prisión perpetua.
La causa fue remitida al Tribunal de Juicio, donde deberá definirse la responsabilidad penal de Moreyra por el hecho ocurrido el 10 de noviembre de 2025 en una vivienda ubicada sobre calle Yaktermi 449, en el barrio Los Cisnes de Río Grande.
De acuerdo con la investigación judicial, durante la madrugada previa al ataque, tanto el imputado como la víctima habían compartido varias horas en un local de pool céntrico, donde protagonizaron un incidente menor. Según consta en el expediente, ambos se encontraban bajo los efectos del alcohol y las drogas, mientras que Moreyra presentaba además un complejo cuadro de consumo problemático.
Posteriormente se trasladaron a la vivienda de Scariot, donde convivían junto a otras personas. Allí se produjo una discusión entre Moreyra y Carlos Mansilla Retamal, quien recientemente declaró en otro proceso judicial vinculado a un hecho de violencia ocurrido semanas antes.
La intervención de Scariot en esa disputa derivó en un enfrentamiento físico con Moreyra. La pelea escaló rápidamente y, en medio del estado de intoxicación de ambos, el acusado tomó un cuchillo y atacó a la víctima con una violencia extrema.
La investigación determinó que Scariot recibió 34 heridas punzocortantes, una de las cuales impactó en el cráneo y provocó lesiones cerebrales. Gravemente herido, permaneció internado en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Regional Río Grande, donde finalmente falleció días después.
La magnitud del ataque y el nivel de violencia ejercido fueron considerados por la Justicia como elementos suficientes para sostener la figura de homicidio agravado por ensañamiento, una calificación que agrava la situación procesal del acusado y lo expone a una eventual pena de prisión perpetua.
Ahora, el Tribunal de Juicio deberá fijar la fecha del debate oral, que deberá realizarse antes de noviembre próximo, debido a que el plazo máximo de detención preventiva sin sentencia es de un año.
