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El Gobierno nacional confirmó el envío al Congreso de la Nación de un proyecto de reforma integral de la Ley de Sociedades, impulsado por el Ministerio de Desregulación y Transformación, el Ministerio de Justicia y la Secretaría Legal y Técnica.
La iniciativa forma parte del programa de simplificación normativa y desregulación del sistema productivo, y busca establecer un nuevo marco legal para la organización empresarial en Argentina.
Según lo adelantado, el proyecto propone que las normas de la ley pasen a ser supletorias, lo que significa que el estatuto de cada sociedad tendrá mayor peso en la definición de su funcionamiento interno, reduciendo la intervención del Estado.
En esa línea, se prevé que los registros públicos no puedan dictar resoluciones que restrinjan derechos ya contemplados por la normativa, y que las limitaciones estatales sean excepcionales y de interpretación restrictiva.
Otro de los puntos centrales es la flexibilización del objeto social de las empresas, que podrá ser amplio y sin obligación de conexión entre actividades. Incluso, si no se especifica en el estatuto, se entenderá que la sociedad puede desarrollar cualquier actividad lícita.
El proyecto también incorpora herramientas de digitalización plena de las sociedades, como domicilios electrónicos, libros digitales, asambleas a distancia y constitución mediante firma digital, junto con la creación de legajos digitales públicos.
Además, se habilitan nuevas figuras como la “Sociedad Automatizada”, que puede funcionar mediante algoritmos o inteligencia artificial sin intervención humana en su operatoria cotidiana, y las DAO, organizaciones descentralizadas que operan con blockchain y tokens, ambas con personalidad jurídica y responsabilidad limitada.
En materia de financiamiento, se incorporan los instrumentos de inversión convertibles, que permitirán atraer capital sin necesidad de que el inversor adquiera automáticamente la condición de socio.
También se establecen cambios en la organización interna de las sociedades, como la renovación automática del plazo de duración, la posibilidad de que los mandatos de directores y síndicos sean por tiempo indeterminado, y la simplificación de procesos de reorganización empresaria dentro de grupos económicos.
De esta manera, el Gobierno busca avanzar hacia un esquema de mayor flexibilidad, menor burocracia y mayor autonomía para el sector privado, con foco en la digitalización y la modernización del régimen societario.
