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La Justicia federal dio un nuevo paso en la causa Vialidad al dejar firme el decomiso de bienes vinculados a Cristina Fernández de Kirchner, sus hijos Máximo y Florencia Kirchner y el empresario Lázaro Báez. La decisión fue adoptada por la Cámara Federal de Casación Penal, que rechazó los recursos extraordinarios presentados por las defensas y habilitó el avance de la ejecución patrimonial para cubrir una suma superior a los $684.990 millones.
La resolución judicial permitirá ahora avanzar con las tareas de tasación, administración y eventual remate público de propiedades y activos alcanzados por el decomiso ordenado en el expediente por irregularidades en la obra pública.
Entre los bienes incluidos aparecen inmuebles ubicados en El Calafate y Río Gallegos, además de terrenos, parcelas y propiedades vinculadas al complejo hotelero Los Sauces.
Uno de los activos incorporados al listado es una propiedad ubicada sobre la Avenida 17 de Octubre al 800, en El Calafate, adquirida en 2007 y con una superficie de más de 6.000 metros cuadrados.
También quedaron alcanzadas diez unidades inmobiliarias sobre la calle Mitre al 500, en Río Gallegos, que habían sido cedidas a Máximo y Florencia Kirchner.
La nómina incorpora además propiedades ubicadas sobre 25 de Mayo al 200 y Presidente Néstor Kirchner al 400, junto a diversos terrenos adquiridos en El Calafate entre 2007 y 2008.
Entre los inmuebles de mayor valor aparecen dos propiedades emplazadas en el departamento Lago Argentino, con superficies de 44.106 y 87.046 metros cuadrados, respectivamente.
La resolución también incluye el predio donde fue construido el Complejo Hotel Los Sauces, así como otras parcelas incorporadas posteriormente al emprendimiento turístico.
Los jueces de Casación rechazaron los argumentos de las defensas respecto de que parte de los bienes pertenecían formalmente a Máximo y Florencia Kirchner por herencia o cesiones realizadas de buena fe.
En ese sentido, los magistrados sostuvieron que existe una “coincidencia temporal y vinculación económica” entre los hechos investigados y el incremento patrimonial del grupo familiar, por lo que consideraron que los traspasos gratuitos no impiden avanzar con el decomiso.
Con la declaración de inadmisibilidad de los recursos, el fallo del Tribunal Oral Federal N°2 quedó habilitado para su ejecución inmediata.
La única alternativa procesal que le queda a la ex presidenta es presentar un recurso de queja directa ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Sin embargo, esa presentación no suspende el avance de la ejecución patrimonial.
La medida consolida así la etapa de recupero patrimonial impulsada por la Justicia y habilita nuevas acciones para intentar cubrir el monto establecido en el decomiso de la causa Vialidad.
