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En el proceso judicial, Carlos Córdoba y Miguel Arana están imputados por 22 hechos vinculados a presuntas maniobras defraudatorias relacionadas con el programa de 128 viviendas del sector Barrancas del Río Pipo, en tanto que Eric Moscoso Panozo es juzgado por presunto lavado de activos.
Durante la etapa testimonial, que comenzó el lunes pasado, declararon 24 personas ante el Tribunal. Entre ellas se destacó el testimonio del ex presidente del IPV, Gustavo Vázquez, quien confirmó que los imputados realizaban gestiones vinculadas a la entrega de viviendas.
Asimismo, declaró la directora del área Social del Instituto Provincial de Vivienda, quien intervino en la operatoria de las 128 viviendas. La funcionaria explicó que, entre los postulantes presentados por ATE, detectaron siete casos de personas que no eran empleados estatales y que, por lo tanto, no cumplían con los requisitos exigidos por el organismo.
A lo largo de la semana también prestaron declaración más de 20 denunciantes que se consideran damnificados por las presuntas maniobras investigadas en la causa.
En la última jornada del debate, Carlos Córdoba solicitó ampliar su declaración indagatoria. En su exposición, negó las acusaciones en su contra y afirmó que desde ATE “siempre quisieron ayudar a las personas que necesitaban una vivienda”.
El juicio continuará el próximo miércoles desde las 9.30 con la etapa de alegatos de las partes. Está previsto que el fiscal Daniel Curtale exponga en primer término su acusación, para luego dar lugar a los abogados defensores.
Finalmente, el Tribunal de Juicio en lo Criminal evalúa la posibilidad de extender o dividir los alegatos en dos jornadas, en caso de que las exposiciones se prolonguen más de lo previsto.
