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La Cámara de Diputados de la Nación aprobó este martes el proyecto conocido como “Ley Hojarasca”, una iniciativa impulsada por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger, que busca depurar el digesto jurídico mediante la derogación de más de 70 normas consideradas obsoletas.
El proyecto obtuvo 138 votos positivos, 96 negativos y nueve abstenciones, y ahora deberá ser tratado en el Senado, donde el oficialismo espera su sanción definitiva.
En la misma sesión, el cuerpo legislativo también avanza con el debate del proyecto que redefine el alcance geográfico del régimen de subsidios al consumo de gas por “zona fría”, además de otros tratados internacionales y la entrega de medallas a veteranos de la Guerra de Malvinas.
Durante la discusión, el presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, Bertie Benegas Lynch (LLA), defendió la iniciativa al sostener que apunta a eliminar regulaciones “obsoletas o inútiles” y criticó la acumulación normativa del sistema argentino.
“Creen que estamos para guiar, controlar, auditar e intervenir, y no se dan cuenta que en un país civilizado la regla son los derechos y la libertad”, expresó el legislador.
En esa línea, afirmó que la ley busca reducir lo que definió como “un laberinto regulatorio” que afecta al ciudadano y al trabajo cotidiano.
“Las regulaciones son para proteger la vida, la propiedad y el derecho”, sostuvo, al tiempo que cuestionó la existencia de normas que, según dijo, funcionan como “barreras artificiales”.
Por su parte, el diputado Nicolás Mayoraz (LLA) explicó que la norma forma parte de un proceso más amplio de revisión legislativa y enumeró distintos tipos de leyes que, según su criterio, deben ser derogadas por su obsolescencia o falta de aplicación.
En contraposición, el diputado de Unión por la Patria Nicolás Trotta expresó su rechazo al proyecto, al considerar que detrás de la iniciativa se busca “seguir destruyendo al Estado”.
En tanto, la legisladora del Frente de Izquierda Myriam Bregman cuestionó duramente la aprobación de la norma y advirtió sobre sus posibles implicancias institucionales.
El proyecto ahora continuará su tratamiento en el Senado, en el marco de un debate legislativo que también incluye la redefinición del régimen de subsidios energéticos y otras iniciativas del oficialismo.
