El lunes inicia el juicio contra dirigentes de ATE Ushuaia por presuntas estafas con viviendas

Entre los imputados se encuentran el secretario general de ATE, Carlos Córdoba, y quien fuera responsable del área de Vivienda del gremio, Miguel Ángel Arana. Ambos serán juzgados por 22 hechos investigados en torno a la presunta comercialización irregular de soluciones habitacionales destinadas originalmente a afiliados de la organización sindical.

De acuerdo con la acusación fiscal, durante el proceso de adjudicación de viviendas ubicadas en el sector Barrancas del Río Pipo se habrían ofrecido lugares o posibilidades de acceso habitacional a personas que no cumplían con los requisitos establecidos. Según la investigación, esas supuestas gestiones habrían implicado la entrega de dinero, vehículos, cheques y otros bienes.

La causa sostiene además que las maniobras investigadas se habrían concretado mediante presentaciones de listados de postulantes ante organismos públicos y aprovechando funciones gremiales vinculadas al proceso habitacional.

En paralelo, también será juzgado Erik Enrique Moscoso Panozo, acusado en una causa por presunto lavado de activos. Según la hipótesis de la investigación, parte de los fondos y bienes vinculados a los hechos investigados habrían sido utilizados en operaciones relacionadas con maquinaria vial, contratos y otras actividades comerciales destinadas a dar apariencia lícita al origen del dinero.

El debate oral estará presidido por el Dr. Alejandro Pagano Zavalía, acompañado por los jueces Maximiliano García Arpón y Rodolfo Bembihy Videla. La acusación estará representada por el fiscal Daniel Curtale.

La defensa de los imputados será ejercida por el defensor público José María Fernández López, junto a los abogados Marisel Banegas y Rodrigo Guidi. En tanto, la querellante Daniela Soledad Tapponier participará con el patrocinio letrado de Enrique Hernández Arriagada, mientras que el IPV intervendrá mediante sus representantes legales.

Para el desarrollo del juicio está prevista la convocatoria de alrededor de 90 testigos, aunque la cifra definitiva aún debe ser confirmada por el Tribunal.