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Tres internos detenidos por una causa vinculada a una agresión con arma blanca en la Margen Sur fueron víctimas de una violenta golpiza dentro de la Unidad de Detención 1 de Río Grande. El hecho ocurrió pocas horas después de que fueran alojados en el pabellón B, donde, según denunciaron sus familiares, ya existían conflictos previos con otros reclusos.
Los detenidos fueron identificados como Jonathan Gastón Iván Burgoa Albarracín, de 37 años, su hijo Maximiliano Burgoa y Pedro Jesús Flores, ambos de 18 años. Los tres habían sido arrestados durante el fin de semana del 2 y 3 de mayo, acusados de participar en una agresión con arma blanca relacionada con un presunto ajuste de cuentas por el robo de una bicicleta.
Tras ser indagados por la Justicia y luego de que se les negara la excarcelación, el pasado sábado 9 de mayo se ordenó su traslado al ámbito del Servicio Penitenciario.
De acuerdo con el relato de sus familiares, habían advertido previamente que los jóvenes podían correr peligro si eran ingresados al pabellón B, debido a problemas de vieja data con allegados de otro interno. Sin embargo, desde el Servicio Penitenciario indicaron que los tres detenidos firmaron su conformidad para ser alojados en ese sector.
Horas después del ingreso, un grupo de reclusos habría irrumpido en la celda donde estaban alojados y les propinó una brutal golpiza. Como consecuencia, las víctimas sufrieron fracturas de maxilar, lesiones en el tabique nasal y múltiples traumatismos, por lo que debieron ser trasladadas al hospital.
Posteriormente, y con el objetivo de preservar su integridad física, los tres internos fueron derivados a dependencias penitenciarias de la ciudad de Ushuaia, donde actualmente permanecen alojados y fuera de peligro.
Si bien los detenidos se negaron a identificar o denunciar a los autores del ataque, igualmente se inició de oficio una causa por “lesiones graves”, con intervención de la Fiscalía y el Juzgado de Instrucción N.º 3.
En paralelo, familiares de los Burgoa se presentaron ante la Justicia para denunciar a las autoridades penitenciarias por una presunta inacción frente al riesgo que, aseguran, ya había sido advertido previamente.
Según trascendió, durante la presentación judicial también manifestaron que la jueza interviniente desconocía el traslado de los detenidos a Ushuaia, situación que generó preocupación debido a que antes del jueves debe resolver la situación procesal de los acusados.
Mientras avanza la investigación, la Justicia solicitó las grabaciones de las cámaras de seguridad de la unidad penitenciaria con el objetivo de identificar a los agresores y determinar si existió algún grado de responsabilidad por parte del personal penitenciario.
