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En medio de un creciente enfrentamiento entre los poderes Ejecutivo y Legislativo de Tierra del Fuego, el doctor en Derecho y reconocido constitucionalista Antonio María Hernández calificó como “un caso sin precedentes en la Argentina” el intento de la Legislatura provincial de abrogar o derogar la ley que declaró la necesidad de reformar la Constitución fueguina.
En diálogo con Zoom A Diario, el jurista –que fue convencional constituyente nacional en 1994 y participó en las reformas de las constituciones de Córdoba y de la Ciudad de Córdoba– sostuvo que el proceso constituyente ya está en marcha y que la Legislatura cumplió su rol preconstituyente, por lo que no puede “volver atrás”.
“En los procesos constituyentes, el Poder Legislativo tiene una facultad preconstituyente para declarar la necesidad de una reforma. Una vez que hace esa declaración, ya cumplió su acto. No existe un precedente que se haya vuelto para atrás”, explicó Hernández.
El especialista recordó que la provincia declaró la necesidad de la reforma mediante la Ley 1529, que luego fue avalada por el Tribunal Superior de Justicia fueguino tras un año de análisis. En cumplimiento de esa norma, el gobernador convocó a elecciones de convencionales constituyentes para el 9 de agosto.
“Es muy extraño, sin precedentes, esto que la Legislatura ahora quiera paralizar el proyecto y dar marcha atrás. Para mí, debe continuar el proceso. Es el pueblo el que tiene la palabra, debe elegir los convencionales, y después la Convención Constituyente, en ejercicio de sus más altas competencias, será la que avance o no en la reforma”, afirmó.
Ante la consulta sobre si la Legislatura puede derogar con una ley común lo que estableció mediante otra ley, Hernández fue contundente: “El Poder Legislativo tiene distintas competencias. Está el legislativo común para sancionar leyes, y está la competencia preconstituyente, que es una declaración institucional extraordinaria. Cuando la Legislatura actuó declarando la necesidad de la reforma, lo hizo con esa naturaleza especial. Ya cumplió su acto”.
El abogado consideró que, en este escenario, el Poder Ejecutivo debe vetar la ley que intenta frenar el proceso y dar continuidad al cronograma electoral que está a cargo del Juzgado Electoral provincial.
Hernández anticipó que el conflicto “seguramente será judicializado” y que, aunque eventualmente pueda comenzar en el Juzgado Electoral, “finalmente va a terminar en el Tribunal Superior”.
El jurista lamentó profundamente la situación: “Esto revela un problema político muy serio. Cuando la política no puede resolver sus problemas, hay que recurrir a la justicia. Es lamentable que se haya llegado a este grado de conflicto”.
