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En comunicación con FM Radio del Pueblo, el fiscal Eduardo Urquiza analizó los cambios en la legislación vinculada a la baja de imputabilidad, precisando cuándo entrará en vigencia la nueva norma, cómo funciona el sistema actual y qué implicancias tendrá en casos delictivos que involucran a menores.
En primer término, Urquiza aclaró el estado actual del marco legal al señalar, “todavía estamos con la ley vigente”, ya que la reforma aprobada aún no comenzó a aplicarse y mantiene en funcionamiento el esquema tradicional.
En ese contexto, precisó el momento de implementación al explicar que, “la nueva ley va a ingresar a partir del 6 de septiembre”, debido a que la normativa establece un plazo determinado desde su promulgación para su entrada en vigencia.
Asimismo, detalló el criterio legal vigente al indicar que, “hay un esquema diferenciable de dieciséis años a la mayoría que son dieciocho”, donde algunos delitos pueden generar consecuencias penales dependiendo de su gravedad.
En relación a esto, el fiscal profundizó sobre los parámetros de aplicación al sostener, “puede haber delitos que puedan reportar un reproche penal” y que esto, “depende de la escala penal de cada delito”, lo que implica un análisis caso por caso dentro del sistema actual.
Por otra parte, recordó cómo se abordaban las edades más bajas dentro del régimen vigente al señalar que, “debajo de dieciséis se hablaba de lo que llamábamos vulgarmente la inimputabilidad”, una figura que históricamente limitaba la intervención penal sobre menores.
Sin embargo, remarcó el cambio central que introduce la reforma al afirmar que, “eso ya no existe más a partir de septiembre”, marcando un giro en la forma en que la ley abordará la responsabilidad penal juvenil.
En esa línea, explicó el fundamento técnico de los plazos al indicar que, “la ley habla de que va a entrar en vigencia después de ciento ochenta días”, lo que determina el calendario de aplicación de la nueva normativa.
Por último, Urquiza contextualizó la reforma dentro del sistema penal al destacar que, “se trata de un encuadre jurídico que se utiliza en todo el país”, y que además se vincula con delitos de mayor gravedad, ya que, “estamos hablando de delitos de otra envergadura”, reforzando la importancia del cambio legislativo.
