19640 Noticias
En comunicación con FM Radio del Pueblo, el secretario de Asuntos Internacionales y Malvinas de Tierra del Fuego, Andrés Dachary, se refirió a la situación del radar LeoLabs instalado en Tolhuin y al trabajo de la comisión legislativa que investiga el caso. Explicó que la definición sobre su habilitación está en manos del Gobierno nacional y detalló el estado de las actuaciones judiciales.
Consultado por la inspección realizada por la comisión legislativa que investiga la instalación del radar en Tolhuin, Dachary aclaró que no fue invitado a participar de ese procedimiento y que desconocía si habían intervenido funcionarios de otras áreas del Gobierno provincial: “A título personal no fui invitado a participar de esa inspección, honestamente desconozco si otros funcionarios de distintas áreas fueron participados”, manifestó.
No obstante, consideró positivo que la comisión avance con los procedimientos previstos y señaló que esas actuaciones pueden contribuir a despejar algunas dudas. Sin embargo, advirtió que la discusión de fondo excede el alcance de esa inspección.
En ese sentido, explicó que los aspectos vinculados con la actuación administrativa provincial ya fueron revisados por la Fiscalía de Estado y que la decisión determinante sobre la habilitación corresponde a un organismo nacional: “Lamentablemente, la situación de fondo desde diciembre del 2023 está en la órbita de lo que es el Gobierno nacional, en la Subsecretaría de Telecomunicaciones y Conectividad, que es al final del camino el órgano que autoriza o no autoriza la instalación de radares”, sostuvo.
Dachary indicó que ese organismo tiene la posibilidad de resolver el pedido de habilitación presentado por la empresa y poner fin a la controversia administrativa. Según explicó, si la Nación determina que la instalación no puede habilitarse por las razones vinculadas con el caso, la empresa ya no tendría otras instancias administrativas para apelar: “Esto continúa porque el Gobierno nacional decide que continúe”, afirmó, al referirse a la falta de una resolución definitiva.
Por otra parte, el funcionario recordó que la Provincia inició una demanda en la Justicia Federal y que el expediente tuvo un fallo de primera instancia.
Según detalló, esa resolución no respondió en un ciento por ciento a lo solicitado por la Fiscalía de Estado, pero consideró que contenía elementos que podían servir para sostener el planteo provincial: “Hubo un fallo de primera instancia, no fue el 100% de lo que solicitaba la Fiscalía de Estado, pero se podía construir en base a eso”, explicó.
Dachary agregó que la causa se encuentra actualmente en revisión ante una Cámara de Alzada, por lo que el Gobierno provincial aguarda una nueva definición judicial.
De todos modos, insistió en que la resolución administrativa nacional es la instancia que podría poner un punto final a la situación: “Esto se termina con una resolución de Jefatura de Gabinete del Gobierno nacional”, sostuvo, al plantear que la Nación debe definir si la instalación del radar resulta contraria a los intereses nacionales.
