“Espectáculo de impunidad”: ONG de Brasil pide mayor condena en el caso Agostina Páez

El CEAP de Brasil solicitó intervenir como amicus curiae en el caso por injuria racial contra Agostina Páez y cuestionó un posible cierre del proceso mediante un acuerdo económico.
INTERNACIONAL25/04/202619640 Noticias19640 Noticias
Agostina Páez

Una histórica organización de Brasil, el Centro de Articulación de Poblaciones Marginalizadas (CEAP), solicitó su incorporación al proceso judicial contra la abogada argentina Agostina Páez, en una causa por injuria racial que se tramita en Río de Janeiro.

La entidad pidió ser aceptada como amicus curiae (amigo del tribunal) con el objetivo de aportar una mirada técnica al expediente y promover una sanción más severa en la resolución del caso.

El proceso judicial investiga a Páez por un hecho ocurrido el 14 de enero, cuando fue filmada realizando gestos considerados racistas hacia empleados de un bar en el barrio de Ipanema. Actualmente, la acusada se encuentra en Argentina a la espera de una sentencia definitiva.

El abogado del CEAP, Carlos Nicodemos, sostuvo que la situación “desmoralizó al poder judicial de Río de Janeiro” y criticó la posibilidad de cerrar la causa mediante un acuerdo económico, al considerar que sería insuficiente frente a la gravedad del hecho.

La organización, fundada en 1989 y dedicada a la defensa de derechos de comunidades afrodescendientes, propone que la eventual condena incluya no solo una reparación económica, sino también la financiación de proyectos sociales contra el racismo y la xenofobia, con impacto en Brasil y Argentina.

El CEAP también cuestionó lo que considera una asimetría en el sistema judicial, señalando que en este tipo de casos suele priorizarse la situación de la persona acusada por sobre la reparación a las víctimas.

En paralelo, el juez del caso deberá definir si admite la participación de la ONG en el expediente. La decisión podría influir en el rumbo del proceso, que actualmente evalúa un posible resarcimiento económico estimado en unos US$39.000.

La resolución judicial será clave para determinar si el caso se cierra mediante un acuerdo o si avanza hacia una sanción más severa con intervención de actores externos.

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