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El Gobierno de Javier Milei generó una fuerte polémica tras decidir la no renovación de las acreditaciones de todos los periodistas que cubren Casa Rosada, lo que derivó en el cierre de la Sala de Prensa y la imposibilidad de acceso de los trabajadores de medios al edificio de Gobierno. La medida, adoptada tras una denuncia de Casa Militar, es considerada por sectores de la prensa como arbitraria e inédita desde el regreso de la democracia en 1983.
Según la información difundida, el Ejecutivo resolvió no renovar los permisos de ingreso de la totalidad de los medios acreditados, lo que implicó la eliminación de las huellas dactilares del sistema de acceso y el cierre efectivo de la Sala de Periodistas de Casa Rosada. De esta manera, ningún comunicador pudo ingresar a la sede del Poder Ejecutivo.
La decisión se basa en una denuncia penal presentada por Casa Militar contra dos periodistas del canal Todo Noticias, a quienes se acusa de presunto espionaje ilegal tras la difusión de grabaciones realizadas en los pasillos de la Casa Rosada. La denuncia fue impulsada por el responsable del área, el general de Brigada Sebastián Ibáñez, organismo que depende de la Secretaría General de la Presidencia a cargo de Karina Milei.
El Gobierno sostiene que la medida responde a cuestiones de seguridad institucional, aunque hasta el momento no se emitió un comunicado oficial explicando el alcance de la decisión. En paralelo, la administración ya había suspendido de manera temporal algunas acreditaciones semanas atrás.
La reacción del presidente Javier Milei también sumó tensión al conflicto. A través de sus redes sociales, el mandatario lanzó fuertes críticas contra parte de la prensa, a la que calificó como “basuras repugnantes”, en referencia al caso que originó la denuncia.
La situación se produjo en medio de un proceso administrativo de renovación de acreditaciones 2025, que finalmente fue dado de baja, dejando sin acceso a la totalidad de los periodistas que habitualmente cubren la actividad presidencial en Balcarce 50.
Por el momento, los trabajadores de prensa continúan sin poder ingresar a la Casa de Gobierno, en lo que representa una medida sin antecedentes recientes y que abre un fuerte debate sobre el acceso a la información pública y la libertad de prensa en el país.
