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El Ministro Jefe de Gabinete de la provincia de Tierra del Fuego AIAS, Jorge Canals, se refirió al informe de la Prefectura Naval Argentina que certifica la seguridad y operatividad del Puerto de Ushuaia hasta 2029.
El funcionario se refirió al documento emitido por la Prefectura y cuestionó los argumentos utilizados por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) para avanzar con la intervención del puerto.
En esta línea, remarcó que “esto confirma lo que venimos planteando desde el primer momento: se trata de una intervención federal completamente ilegítima, sin sustento técnico ni lógico”.
Asimismo, sostuvo que “se han ido cayendo uno a uno los argumentos de la ANPyN”, y recordó el señalamiento sobre un supuesto desvío de fondos. En ese sentido afirmó que “ya se desvaneció: no hubo ningún traslado de recursos desde la Dirección Provincial de Puertos hacia la OSEF”.
Respecto al estado operativo, Canals señaló que el informe “termina de desarmar ese relato” y destacó que durante el verano el puerto funcionó con normalidad absoluta, sin interrupciones.
“No hicieron absolutamente nada. Si el puerto no estaba en condiciones, no lo estaba ni para la Provincia ni para la ANPyN, sin embargo siguió operando con total normalidad”, expresó.
El funcionario también defendió la gestión provincial en materia portuaria y aseguró que se realizaron inversiones clave, entre ellas la ampliación del muelle, considerada la más importante de los últimos años.
Además, afirmó que el informe de Prefectura es resultado de un proceso previo de adecuación impulsado por la Dirección Provincial de Puertos, aunque reconoció que “aún hay aspectos por mejorar”.
En otro tramo, advirtió sobre la falta de control en la intervención y sostuvo que “no hay trazabilidad clara de los recursos” ni transparencia en la administración actual.
También cuestionó la ausencia de planificación: “No hay licitaciones ni obras para mejorar la infraestructura portuaria. Solo una intervención que maneja recursos sin control”, afirmó.
Finalmente, Canals adelantó que el Gobierno provincial avanza en acciones legales, al considerar que la intervención es inconstitucional y sin fundamentos reales, y que se analizarán las responsabilidades derivadas del proceso.
