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Tras meses de incertidumbre, la empresa Camuzzi Gas del Sur quedó habilitada por la Justicia para aplicar los cuadros tarifarios vigentes y avanzar con cortes de suministro en casos de mora, marcando un nuevo escenario para los usuarios de Tierra del Fuego.
El director de Relaciones Institucionales de la compañía, Rodrigo Espinosa, confirmó que los fallos judiciales ratificaron plenamente la potestad de la empresa para cobrar tarifas sin restricciones y proceder con la interrupción del servicio por falta de pago.
Según explicó, el conflicto se originó en 2024, cuando una medida judicial frenó la aplicación de los aumentos tarifarios dispuestos a nivel nacional. Esa situación derivó en una apelación que se tramitó en el juzgado federal de Comodoro Rivadavia, donde inicialmente se reconoció el derecho de la empresa a aplicar tarifas, aunque se mantenía en discusión el tema de los cortes.
Finalmente, en diciembre de 2025, la Justicia resolvió la cuestión de fondo y dejó firme la sentencia, habilitando a la empresa no solo a aplicar los cuadros tarifarios, sino también a ejecutar cortes en casos de deuda.
“Hoy Camuzzi está legitimada para aplicar tarifas y proceder a cortes”, afirmó Espinosa, quien aseguró que la empresa opera con “total normalidad” en la gestión del servicio y la cobranza.
El directivo destacó además que, pese al contexto económico, el nivel de cumplimiento es elevado: “el 99% de los usuarios está al día o en contacto con la empresa”, mientras que quienes adeudan más de cuatro facturas representan apenas entre el 1% y 1,2% del total.
En ese sentido, remarcó que el proceso previo a un corte es “largo, gradual y con múltiples instancias”. Desde el vencimiento de la factura, la empresa realiza reiterados contactos —incluso hasta 12 comunicaciones por correo electrónico— para que el usuario regularice su situación o acceda a un plan de pago.
Solo en los casos donde no hay respuesta, se avanza hacia instancias formales que incluyen visitas al domicilio y notificaciones fehacientes. Recién después de ese proceso, que puede extenderse durante semanas, se concreta la interrupción del suministro.
Espinosa subrayó que el objetivo principal es evitar llegar a esa instancia: “el peor escenario es el usuario que no se comunica”, advirtió, al tiempo que calificó al corte como una medida extrema e inevitable cuando no hay regularización.
El fallo marca así una normalización del sistema tarifario en la provincia, devolviendo a la empresa herramientas clave para la gestión del servicio en un contexto económico complejo.
