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El Gobierno nacional decidió llevar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación su reclamo para evitar el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario (Ley 27.795), que ordena la actualización de salarios docentes y programas de becas.
A través de un recurso extraordinario federal, el Ejecutivo busca que se revoque la medida cautelar que lo obliga a aplicar la norma aprobada por el Congreso, en un expediente que ya tuvo fallos en primera instancia y en la Cámara Contencioso Administrativa Federal.
En su presentación, el Gobierno argumentó que el cumplimiento de la ley generaría un “riesgo de parálisis del Estado”, debido al impacto presupuestario que implicaría, y sostuvo que se verían afectados servicios esenciales del funcionamiento estatal.
El escrito, firmado por el Ministerio de Capital Humano y el Procurador del Tesoro Sebastián Amerio, también plantea que el fallo judicial implicaría una “intromisión en la división de poderes” y una afectación al equilibrio fiscal.
Según los cálculos oficiales, la aplicación inmediata de la norma requeriría reasignar más del 90% de los recursos disponibles para gastos primarios, lo que —según el Gobierno— comprometería áreas sensibles como seguridad, justicia y servicios públicos.
Además, el Ejecutivo cuestionó la actuación de los magistrados intervinientes y pidió a la Corte Suprema que los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti se excusen de intervenir en la causa, al señalar que tienen vínculo con la actividad universitaria.
El proceso judicial se originó tras un amparo presentado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y rectores de universidades, que solicitaron la aplicación inmediata de la ley y la actualización de fondos.
En las instancias previas, la Justicia dio lugar a las medidas cautelares, ordenando al Estado nacional cumplir con lo establecido en la norma, decisión que ahora el Gobierno busca revertir en la Corte Suprema.
