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El Gobierno nacional dispuso que nueve provincias puedan asumir la gestión, mantenimiento y licitación de tramos de rutas nacionales, en el marco de un nuevo esquema de descentralización de la infraestructura vial.
La medida fue establecida mediante el Decreto 253/2026, publicado en el Boletín Oficial, y otorga a las provincias de Corrientes, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Mendoza, Río Negro, Neuquén, San Juan y Santa Cruz la facultad de administrar tramos de rutas nacionales que atraviesan sus territorios.
Las jurisdicciones podrán otorgar concesiones de obra pública a empresas privadas, mixtas o entes públicos, mediante el sistema de cobro de peajes, con el objetivo de financiar la reparación, conservación y mantenimiento de la infraestructura vial.
Desde el Gobierno señalaron que el objetivo central es la descentralización de funciones operativas, permitiendo que los gobiernos locales gestionen de forma directa la red vial nacional en sus territorios.
El decreto establece que esta delegación de facultades es de carácter “funcional, limitado, temporal y revocable”, y aclara que el Estado Nacional mantiene la titularidad de las rutas, sin transferencia del dominio público ni de la jurisdicción federal.
Asimismo, se fija un plazo máximo de 30 años para los contratos de concesión, y se exige que los procesos respeten principios de publicidad, transparencia, concurrencia y razonabilidad tarifaria.
Para su implementación, cada provincia deberá firmar convenios individuales con la Dirección Nacional de Vialidad, donde se definirán los tramos a intervenir y los planes de obra correspondientes.
El esquema prevé además que el Ministerio de Economía actúe como autoridad de aplicación, mientras que Vialidad Nacional supervisará el cumplimiento de los contratos.
Finalmente, se establece que si una provincia no inicia el proceso de licitación en el plazo de un año, la delegación sobre el tramo vial correspondiente quedará sin efecto, produciendo el decaimiento de la concesión.
