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El ex presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se presentó este jueves ante un tribunal federal del Distrito Sur de Nueva York en lo que fue su segunda audiencia judicial desde su captura el pasado 3 de enero de 2026 en Caracas y posterior traslado a Estados Unidos.
Durante la audiencia, el ex mandatario se declaró “no culpable” de todos los cargos en su contra y se definió ante el juez como un “prisionero de guerra”, rechazando de manera categórica las acusaciones impulsadas por la fiscalía estadounidense.
El proceso judicial también involucra a su esposa, Cilia Flores, quien igualmente se declaró inocente y permanece detenida junto a Maduro en una prisión federal de Brooklyn.
Ambos enfrentan múltiples cargos federales, entre ellos conspiración para narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y posesión de armamento pesado, en el marco de una investigación que vincula al liderazgo venezolano con redes internacionales de narcotráfico.
La audiencia se desarrolló bajo un estricto operativo de seguridad y con manifestaciones en las afueras del tribunal, donde se concentraron tanto simpatizantes del chavismo como detractores que reclaman justicia.
Uno de los puntos centrales del debate judicial gira en torno al financiamiento de la defensa legal. La defensa de Maduro, encabezada por el abogado Barry Pollack, sostiene que las restricciones impuestas por las sanciones económicas dificultan el acceso a fondos del Estado venezolano, lo que podría afectar el derecho constitucional a una defensa adecuada.
Por su parte, la fiscalía argumenta que permitir el uso de esos recursos violaría las sanciones internacionales vigentes y comprometería cuestiones de seguridad nacional.
Mientras tanto, el proceso continúa en etapa preliminar, con la pareja detenida a la espera de nuevas resoluciones del tribunal antes de avanzar hacia un eventual juicio.
En paralelo, desde el chavismo surgieron voces de respaldo. El diputado Nicolás Maduro Guerra expresó su confianza en el retorno de su padre y de Flores a Venezuela, calificando el proceso como una “persecución política” y reafirmando el apoyo del oficialismo.
