Murió Noelia Castillo y se convirtió en uno de los casos más jóvenes de eutanasia en España

La joven de 25 años había solicitado el procedimiento tras sufrir una paraplejia irreversible. Su caso generó un fuerte debate y estuvo marcado por más de 600 días de disputa judicial.
INTERNACIONAL26/03/202619640 Noticias19640 Noticias

Noelia Castillo

La muerte de Noelia Castillo reavivó el debate sobre el derecho a morir dignamente en España, luego de que la joven de 25 años accediera a la eutanasia tras una extensa batalla judicial que se prolongó durante casi dos años.

La joven, oriunda de Cataluña, padecía una paraplejia irreversible producto de una lesión medular sufrida en 2022, tras arrojarse desde un quinto piso luego de haber sido víctima de una agresión sexual múltiple. Desde entonces, convivía con dolores neuropáticos crónicos y un deterioro físico y emocional que ella misma definía como insoportable.

Su solicitud de eutanasia había sido aprobada en 2024 por los organismos competentes, pero fue frenada por una serie de presentaciones judiciales impulsadas por su padre, con el acompañamiento de la organización Abogados Cristianos.

El caso recorrió todas las instancias judiciales, incluyendo el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional y finalmente el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que rechazó los intentos de frenar el procedimiento y habilitó su realización.

En las horas previas a su muerte, Noelia había reiterado públicamente su decisión: “Quiero dejar de sufrir y poder irme en paz”, expresó en una entrevista televisiva, donde también describió el impacto de su condición en su vida cotidiana.

El procedimiento se llevó a cabo en una residencia sociosanitaria de Sant Pere de Ribes, respetando su voluntad de transitar el momento en un ámbito íntimo. La joven se despidió de su madre, quien la acompañó hasta el final, mientras que su padre mantuvo su oposición hasta último momento.

El caso de Noelia se convirtió en uno de los más resonantes en España no solo por su edad, sino también por el prolongado conflicto judicial y familiar que retrasó su decisión inicial, prevista originalmente para agosto de 2024.

Desde el ámbito médico, se había determinado que la joven presentaba secuelas permanentes, irreversibles y un sufrimiento constante, condiciones contempladas por la legislación española para acceder a la muerte asistida.

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