19640 Noticias
Una decisión judicial generó polémica en Río Grande tras conocerse que se otorgó el beneficio de suspensión del juicio a prueba (probation) al acusado de una violenta agresión ocurrida en un local nocturno de la ciudad. El hecho sucedió en diciembre de 2017 y la causa llevaba nueve años de trámite judicial.
El imputado, Franco Sebastián Barrientos, fue señalado como responsable de haber golpeado con una botella a Jhonatan David Rivero en el local Ibiza Bowling Bar, provocándole heridas de gravedad que terminaron con la pérdida de la visión de uno de sus ojos. La causa estaba caratulada como “lesiones graves” y se encontraba próxima a ser elevada a juicio.
Finalmente, el Juzgado de Ejecución resolvió conceder la probation solicitada por la defensa del acusado. Como parte de las condiciones impuestas, Barrientos deberá abonar un canon de 100 mil pesos a una entidad de acción social y cumplir con normas de conducta durante dos años. Si durante ese período no comete nuevos delitos y respeta las condiciones establecidas, la acción penal quedará extinguida.
La defensa del imputado había ofrecido inicialmente ese monto como reparación económica a la víctima, propuesta que fue rechazada. Posteriormente se mantuvo el ofrecimiento como donación para una organización social, lo que fue aceptado por la fiscalía. El fiscal Martín Bramatti explicó que la legislación permite aplicar esta herramienta incluso cuando la víctima no acepta el acuerdo. En ese sentido señaló: «Así lo prevé la ley», aunque aclaró que la vía civil sigue abierta para reclamar una indemnización.
Desde la querella que representaba a la víctima manifestaron su desacuerdo con la resolución. Señalaron que Rivero quedó con secuelas permanentes en el rostro y pérdida de visión, lo que incluso afectó su situación laboral y lo llevó a trasladarse a otra ciudad, modificando por completo su proyecto de vida.
Con el paso del tiempo, la víctima falleció por causas ajenas a la agresión, aunque su familia continúa impulsando el reclamo por la vía civil en busca de una compensación económica por los daños sufridos.
En cuanto al acusado, si cumple con las condiciones impuestas por la Justicia y no incurre en nuevos delitos durante los próximos 24 meses, la causa quedará definitivamente cerrada y no registrará una condena penal en su contra.
