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El conflicto institucional por la administración del Puerto de Ushuaia escaló a la máxima instancia judicial del país. El expediente ingresó el 18 de febrero a la Secretaría de Juicios Originarios de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que deberá resolver la acción declarativa de inconstitucionalidad presentada por el gobernador Gustavo Melella contra el Estado Nacional.
La causa se aceleró luego de que el juez federal de Ushuaia se declarara incompetente para intervenir. Tanto la Fiscalía como la representación legal de la provincia solicitaron la remisión inmediata del expediente para evitar demoras procesales.
El origen del conflicto
La controversia comenzó el 20 de enero, cuando la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) dictó la Resolución 4/2026, mediante la cual suspendió preventivamente la habilitación del muelle y dispuso una intervención administrativa, técnica y operativa.
El Gobierno nacional fundamentó la medida en una auditoría de octubre de 2025 que detectó presuntas deficiencias estructurales y falta de inversiones. Además, sostuvo que la provincia habría incumplido el convenio de transferencia firmado en 1992 al utilizar fondos portuarios —autorizados por la Ley provincial 1.596— para asistir financieramente a la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF) y otorgar préstamos por 4.200 millones de pesos al Ejecutivo local.
Desde el gobierno fueguino rechazaron esas acusaciones y plantearon que la intervención vulnera la autonomía provincial y el sistema federal. También aseguraron que los fondos no fueron desviados y que las operaciones financieras contaban con respaldo y garantías.
Impacto económico y operativo
Mientras se espera el pronunciamiento de la Corte, la resolución nacional continúa vigente y el control operativo del puerto permanece bajo la órbita de la ANPyN.
La definición judicial llega en plena temporada alta de cruceros. El Puerto de Ushuaia maneja un presupuesto anual cercano a los 22.000 millones de pesos y recibe en promedio unas 700 embarcaciones por año. En 2024 transitaron por sus muelles más de 232.000 personas, y en 2025 se registraron más de 500 buques de pasajeros, además de pesqueros y naves de carga.
El movimiento de más de 19.000 contenedores anuales resulta clave para el abastecimiento de la industria electrónica fueguina. La decisión de la Corte Suprema no solo definirá competencias institucionales, sino también el control de una de las terminales portuarias más estratégicas del país.
Con información de Infobae
