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Seis gobernadores emitieron un comunicado conjunto en el que cuestionan la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional, señalando que la propuesta, lejos de modernizar, podría reducir derechos históricos y afectar la estabilidad laboral y económica de las provincias productivas.
En un documento titulado “Trabajo, federalismo y desarrollo: el camino hacia una verdadera modernización”, los mandatarios provinciales afirmaron que la Argentina necesita actualizar su legislación laboral frente a los cambios tecnológicos y productivos, pero advirtieron que ninguna reforma puede implicar pérdida de derechos ni reducción de protecciones. “La modernización no puede orientarse al desmantelamiento de conquistas históricas, sino a ampliar garantías en un mercado laboral cada vez más inestable”, expresaron.
Los gobernadores cuestionaron que la propuesta oficial, presentada como una modernización, en realidad debilita derechos individuales y colectivos en un contexto de caída de la actividad económica, retracción del consumo y aumento del desempleo. Según el documento, el proyecto profundiza los problemas estructurales del empleo en lugar de resolverlos.
Asimismo, rechazaron la idea de que la reforma generará más puestos de trabajo. Recordaron que experiencias anteriores de flexibilización laboral no lograron crear empleo ni reducir la informalidad, y advirtieron que la iniciativa podría facilitar despidos, reducir estándares de protección y trasladar riesgos e incertidumbre a los trabajadores, incluyendo reducciones salariales o limitaciones de derechos en casos de enfermedad.
Otro eje del comunicado apunta al carácter “antifederal” de la reforma. Los gobernadores sostienen que sus efectos impactarán de manera directa sobre las economías regionales y las provincias productivas, sin contemplar sus particularidades ni abrir instancias de diálogo con los gobiernos subnacionales. Resaltaron que en un país federal, las transformaciones estructurales requieren consensos amplios y respeto por la diversidad territorial.
En cuanto al contexto económico, mencionaron la pérdida de miles de empresas y cientos de miles de puestos de trabajo desde la asunción del Gobierno, así como una caída en la utilización de la capacidad instalada y una inversión extranjera negativa. Según los mandatarios, la salida no pasa por recortar derechos, sino por impulsar políticas de desarrollo productivo, incentivos a la formalización, innovación normativa y estrategias que fortalezcan el mercado interno y el empleo de calidad.
Para finalizar, reiteraron su rechazo a la reforma laboral y a la orientación económica que la sustenta, convocando a defender los derechos sociales y laborales construidos a lo largo de décadas. “La Argentina necesita modernizar su legislación laboral para ampliar derechos y promover el trabajo formal, no para retroceder en materia de protección”, concluyeron, al tiempo que manifestaron su disposición a debatir alternativas dentro del diálogo democrático y el respeto institucional.
