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Las acciones institucionales para recuperar el control del Puerto de Ushuaia sumaron un nuevo capítulo judicial. La Dirección Provincial de Puertos (DPP) presentó ayer al mediodía una medida cautelar para que se suspenda de inmediata la intervención dispuesta por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN), que estableció la gestión “administrativa en materia de infraestructura” de la terminal por el plazo de doce meses.
En concreto, el ente portuario solicitó que se frenen los efectos de la resolución firmada el 20 de enero, que además incluyó la suspensión de la habilitación del puerto por un año, aunque con ejecución diferida. También pidió que se deje sin efecto la nota previa que intimaba a poner a disposición personal portuario.
El planteo fue presentado por el presidente de la DPP, Roberto Murcia, quien sostiene que la decisión nacional implica, en los hechos, el desplazamiento de las autoridades provinciales y la toma del control operativo del puerto. Por ello, además de la cautelar principal, requirió una medida urgente mientras se resuelve el fondo de la cuestión, para evitar —según argumentó— que se profundicen los daños.
La resolución cuestionada no solo ordenó la intervención, sino que habilitó a áreas técnicas de la ANPYN a asumir la gestión operativa, técnica y administrativa del Puerto de Ushuaia. En la práctica, la administración nacional comenzó a tomar decisiones sobre el funcionamiento diario de la terminal provincial.
Desde la DPP aseguran que la medida ya tuvo consecuencias concretas. Entre ellas, mencionan restricciones en el acceso al puerto y la reasignación de la gestión operativa y financiera. Además, la ANPYN comunicó a los usuarios que toda gestión vinculada al puerto debía canalizarse ante el organismo nacional, lo que —según el ente provincial— impacta directamente en su financiamiento.
El eje del conflicto es político e institucional. La Dirección Provincial de Puertos remarca que el Puerto de Ushuaia es de titularidad provincial y que el organismo fue creado por ley local como ente autárquico, con facultades propias para administrar y explotar la terminal. Por eso, considera que la intervención nacional avanza sobre competencias provinciales.
En paralelo, la DPP recordó que ya presentó recursos administrativos contra la nota y la resolución que ordenaron la intervención, y que solicitó la suspensión de sus efectos en esa instancia. Sin embargo, al no obtener respuesta y ante la continuidad de las medidas, decidió acudir a la Justicia Federal.
El escrito judicial también cuestiona los fundamentos técnicos utilizados para justificar la intervención. Según la DPP, las supuestas deficiencias en infraestructura y seguridad estaban siendo abordadas mediante planes de obra y mejoras en marcha, y sostiene que el puerto funcionaba con normalidad al momento en que se dispuso la medida.
El conflicto no quedó solo en la cautelar. La Dirección Provincial de Puertos informó además que el Poder Ejecutivo promovió una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, lo que eleva el caso al máximo tribunal y le da una dimensión federal al enfrentamiento.
Como parte de la estrategia judicial, el organismo también recusó al juez federal Federico Calvete, quien intervino en la medida cautelar promovida por el Gobierno Provincial. La recusación no requiere fundamentos específicos, pero agrega tensión a un expediente de alto voltaje institucional.
Mientras tanto, el Puerto de Ushuaia —clave para la logística regional y la temporada de cruceros— quedó en el centro de una disputa que combina argumentos técnicos, económicos y políticos. De un lado, la ANPYN sostiene que actuó para garantizar la seguridad y el interés público. Del otro, la Dirección Provincial de Puertos denuncia una intervención ilegítima y reclama que se restituya de inmediata la administración local hasta que la Justicia defina el fondo del conflicto.
