Tras una reducción cercana al 14% en sus recursos, el Poder Judicial dispuso un plan de austeridad que congela concursos y designaciones, y restringe gastos operativos.
JUDICIALES06/02/2026
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El Poder Judicial de Tierra del Fuego activó un estricto plan de ajuste interno luego de la reconducción del presupuesto provincial dispuesta por el Poder Ejecutivo, que implicó una reducción significativa de los fondos previstos para el ejercicio 2026. Las medidas fueron formalizadas mediante una acordada del Superior Tribunal de Justicia.
Según se desprende de la acordada, la disminución de recursos —estimada en torno al 14%— impacta de manera directa en la capacidad operativa, administrativa y de gestión del Poder Judicial. Frente a este escenario, las autoridades judiciales resolvieron implementar acciones extraordinarias y transitorias de contención del gasto.
Entre las principales disposiciones se estableció restringir la compra de bienes e insumos exclusivamente a aquellos considerados indispensables para garantizar la continuidad del servicio de justicia. También se limitó severamente el uso de la caja chica y se suspendió la adquisición de equipamiento informático, salvo en casos excepcionales que cuenten con autorización expresa.
El plan de austeridad incluye además la suspensión total del reconocimiento de viáticos en todos los niveles, el congelamiento de nuevas designaciones de personal y la paralización del inicio de concursos, ascensos y promociones. Asimismo, se dispuso la revisión caso por caso de subrogancias e interinatos vigentes.
En materia de infraestructura, la ejecución de obras públicas quedó supeditada a la disponibilidad presupuestaria. Solo se mantendrá la obra del muro de contención del edificio del Superior Tribunal de Justicia, por razones vinculadas a la seguridad estructural. También se suspendió la celebración de nuevas locaciones de inmuebles y se ordenó optimizar el uso de los espacios físicos existentes.
El ajuste alcanza además al uso del parque automotor oficial y al consumo de energía, telefonía, impresiones y materiales de librería, instando a todas las dependencias judiciales a extremar las medidas de austeridad.
Desde el Superior Tribunal se aclaró que el plan de ajuste no incluye los salarios de jueces ni funcionarios, que permanecerán sin modificaciones. Las restricciones se concentran exclusivamente en los gastos de funcionamiento, administración y recursos operativos.
Finalmente, se remarcó que las medidas no deben interpretarse de manera tal que comprometan el acceso a la justicia, la independencia judicial ni el cumplimiento de los mandatos constitucionales. En ese marco, se dispuso que el impacto del ajuste será evaluado de forma periódica, con informes trimestrales y revisiones cada 90 días, en función de la evolución presupuestaria.
Principales medidas del ajuste:
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