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El Gobierno nacional decidió adelantar el tratamiento de la Ley Penal Juvenil en la Cámara de Diputados, programando el dictamen para el miércoles 11 de febrero y la votación para el jueves 12. El proyecto contempla la polémica propuesta de reducir la edad de imputabilidad a los 14 años, un tema que ha generado fuerte debate en la sociedad y en el ámbito parlamentario.
La decisión fue comunicada tras un encuentro de jefes de bloque en el Salón de Honor, donde el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, informó a los legisladores que se retomará el dictamen emitido el 6 de mayo del año pasado, que ya había perdido estado parlamentario. Con ello, se busca evitar reiniciar la negociación desde cero y garantizar un tratamiento rápido del proyecto.
El apresuramiento del Ejecutivo responde, en parte, a la conmoción social generada por el asesinato de Jeremías Monzón en Santa Fe, un crimen cometido por menores de edad que reavivó la discusión sobre la edad de imputabilidad y estimuló al Gobierno a acelerar los tiempos parlamentarios.
En la reunión, se acordó mantener la mayoría de las bases del dictamen anterior. Si bien la jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, propuso reducir la edad de imputabilidad a 13 años, el oficialismo no contaba con los votos suficientes para imponer esa versión más dura. Finalmente, se decidió retrotraerse al dictamen de mayoría previo, considerado políticamente viable.
“Con este proyecto los números están”, coincidieron fuentes oficialistas y opositoras dialoguistas consultadas por la Agencia Noticias Argentinas, en referencia a la viabilidad de aprobar la norma sin mayores riesgos de rechazo.
La única modificación respecto del dictamen anterior se refiere al financiamiento del Régimen Penal Juvenil. En lugar de depender de la reglamentación de la Jefatura de Gabinete, los fondos se obtendrán a través de los convenios firmados entre Nación y las provincias, asegurando así su efectiva implementación.
Con esta maniobra, el Gobierno busca dar respuesta a la opinión pública, avanzar en un tema sensible y garantizar la aprobación del proyecto sin abrir nuevas discusiones que podrían retrasar su tratamiento.
