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La intervención federal del puerto de Ushuaia dejó de ser un procedimiento administrativo para convertirse en un conflicto político y jurídico de alto impacto, luego de que un abogado especializado en derecho público cuestionara con dureza la medida adoptada por el Gobierno nacional.
La Resolución 04/2026 de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, que dispuso la intervención de la Administración Portuaria de Ushuaia, fue objeto de un severo análisis crítico por parte del abogado Roberto Benítez Leto, quien publicó un extenso artículo en el portal jurídico especializado abogados.com.ar.
Según el autor, la medida representa un avance desproporcionado del poder central sobre una administración provincial, en un ámbito particularmente sensible como el control de un puerto estratégico. Si bien el Gobierno nacional justificó la intervención en el destino de fondos portuarios para cubrir deudas de la obra social estatal y en informes técnicos que detallan deficiencias estructurales, Benítez Leto no niega la existencia de problemas, pero cuestiona el remedio aplicado.
El especialista sostiene que la intervención vulnera el principio de razonabilidad del derecho administrativo, al tratarse de una decisión extrema que desplaza a las autoridades locales y transfiere la conducción del puerto a un organismo nacional, cuando los conflictos podrían haberse canalizado por vías menos invasivas, como mecanismos judiciales o arbitrales.
El artículo también señala una contradicción interna en la resolución, ya que dispone la suspensión de la habilitación del puerto, pero al mismo tiempo la deja en suspenso mientras dura la intervención. Para el autor, esta lógica zigzagueante debilita el sustento técnico de la medida.
Otro de los puntos centrales del análisis es la legalidad de la intervención. Benítez Leto advierte que la ley de actividades portuarias no contempla expresamente esta facultad, la cual surgiría de un decreto reglamentario, lo que podría derivar en una impugnación judicial por exceso del Poder Ejecutivo.
Por último, el texto alerta sobre las consecuencias prácticas y políticas de la decisión: la erosión de la seguridad jurídica para operadores marítimos, el aumento del riesgo operativo y un precedente que podría afectar la autonomía provincial. En ese marco, el puerto de Ushuaia se convierte, según el autor, en un nuevo escenario de disputa entre Nación y Provincia, con implicancias directas para el federalismo argentino.
