Denuncia por la intervención del Puerto: “Solicitamos el cese definitivo de lo que este acto implica”

En comunicación con Radio Provincia, el secretario Legal del Gobierno de Tierra del Fuego, Emiliano Fossatto, se refirió a la medida judicial presentada por el Ejecutivo provincial contra la intervención del Puerto de Ushuaia. Durante la entrevista, abordó los alcances administrativos y legales de la decisión, denunció la inconstitucionalidad del acto dictado por un organismo nacional, explicó el reclamo ante la Justicia Federal y advirtió sobre el impacto institucional, económico y federal que genera la intervención.

En primer término, Emiliano Fossatto explicó que la defensa provincial se desarrolla en dos planos simultáneos "la defensa se lleva, por un lado, en el ámbito administrativo, que es en el expediente que tiene generado oportunamente por la inspección ANPYN, que esa está llevando adelante lo que es la Dirección Provincial de Puertos, porque nosotros interpretamos que el acto administrativo que se notificó donde se determinaba la intervención tenía los plazos vigentes para hacer los descargos administrativos”.

Seguidamente, confirmó que el Gobierno avanzó judicialmente "la provincia, en el día de ayer, efectivamente hizo la presentación de una acción declarativa de inconstitucionalidad sobre el mismo acto que determinó la suspensión de la habilitación del puerto, la intervención administrativa en materia de infraestructura y seguridad portuaria, y esta acción la llevamos adelante en justicia federal”.

En ese marco, detalló el alcance del reclamo "solicitamos el definitivo cese de lo que este acto implica, que es que las autoridades provinciales no puedan ejercer su efectivo rol para el cual fueron designados, y también en razón del convenio de transferencia oportuna entre nación y provincia, donde la administración del puerto recae sobre las autoridades provinciales”.

Asimismo, subrayó el reclamo económico y patrimonial "lo que requerimos es que se nos garantice el ejercicio del dominio, la administración, la explotación económica y la percepción de los recursos que derivan de la actividad portuaria, porque toda aquella actividad que genera recursos debe reinvertirse en el puerto”.

En relación a la proporcionalidad de la medida, Fossatto fue categórico "nosotros como provincia entendemos que este acto administrativo es inconstitucional, dispone una medida que no es proporcional a los carriles administrativos y previos que tiene la agencia nacional en su facultad de contralor”.

A continuación, remarcó la urgencia del planteo judicial "solicitamos también una medida cautelar de la suspensión de los efectos del acto, de carácter urgente, porque se está generando un detrimento total a la autonomía provincial y a la percepción de los recursos que son parte de la provincia de Tierra del Fuego”.

Respecto al manejo de los fondos, advirtió sobre una situación irregular "la renta que se genera pertenece a la provincia de Tierra del Fuego, y consideramos que hay una desviación excesiva en poder por parte de lo que determina la intervención, porque no tenemos conocimiento de qué se está recaudando ni cómo se está invirtiendo esa recaudación”.

Asimismo, el funcionario denunció una afectación institucional más amplia "hay una vulneración propia a la autonomía provincial, una afectación al régimen federal y al principio de la lealtad federal, porque no hay una intervención limitada, hay una intervención integral”.

Sobre los bienes del Estado, fue contundente "los bienes del Estado son de dominio de la provincia y hoy están siendo utilizados por la Agencia Nacional, por lo cual también consideramos que hay un uso abusivo de lo que implica la administración”.

Por último, al referirse al contexto general, Emiliano Fossato expresó su preocupación "es muy alarmante la situación con respecto a lo que la resolución implicó, porque se ha acreditado que inversión hubo, que no hay desviación de fondos ni malversación, y aun así se dispuso una medida totalmente desproporcionada”, cerró.